Reunión entre organizaciones civiles y fiscales de UDEA

Los fiscales de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) Luis Lionel Piñánez y Osmar David Legal, integrantes del Grupo de Trabajo del Ministerio Público designados por la Fiscalía General del Estado junto con representantes de la sociedad civil denominados Coordinadora de Abogados del Paraguay y Somos Anticorrupción Paraguay, invitan a la segunda reunión para este viernes 10 de setiembre, a las 9:00. La convocatoria es en el Centro de Entrenamiento de la Fiscalía General del Estado, ubicada en Avda. Ygatimi y Alberdi, de esta capital.

En agosto debió realizarse la segunda reunión programa por este Grupo de Trabajo, pero la misma no se realizó.

Para la activista María Esther Roa, titular de la Coordinadora de Abogados del Paraguay, la reunión de es suma importancia porque en la misma se tiene planeado pedir el relevamiento de todos los procesos penales de corrupción pública que el Ministerio Público lleva adelante contra funcionarios del Estado. Este relevamiento tiene importancia porque, al igual como se está haciendo en el Poder Judicial, las organizaciones civiles pretenden que estas causas penales sean puestas en un portal digital del Ministerio Público denominado observatorio judicial, de otra manera que se determine, para que la sociedad pueda controlarlas y hacer el seguimiento de estas causas. La finalidad es evitar la impunidad y luchar contra la corrupción, arraigada en la comunidad paraguaya.

Siguiendo con este plan anticorrupción e impunidad, estas organizaciones también solicitan hacer el seguimiento de las denuncias penales realizadas en el Ministerio Público, pero que aún no se han procedido a realizar las imputaciones. Hay denuncias penales realizadas en algunos casos, hace más de 2 años, como la que debería afectar al exsenador Dionisio Amarilla (PLRA-llanista), por supuesto enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. En la misma situación de denuncia penal se encuentra el gobernador de Central Hugo Javier González y el juez penal de sentencia Elio Rubén Ovelar, sobre quienes la Fiscalía de Delitos Económicos, sigue “investigando” hechos de presunta corrupción pública, entre otros casos, indicó la activista Roa.

Las organizaciones civiles asimismo solicitan que la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, por medio de circulares, recuerde a sus agentes fiscales que tienen la obligación legal de impulsar los procesos penales (a través de urgimientos) que tienen a sus cargos, para evitar la prescripción, lo que conlleva a la impunidad de los procesados.

En este último caso, recuerdan el caso del expresidente de Petropar Sergio Escobar, que fue beneficiado con la prescripción de su caso de lesión de confianza por un supuesto perjuicio contra la petrolera estatal de G. 12.000 millones. Estas mismas organizaciones civiles realizaron una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados contra la fiscala Lidia Victoria Acuña Ricardo, por justamente no haber impulsado la causa que tenía a su cargo, en la que posteriormente se decretó la prescripción a favor del acusado.