A fines de julio último, los senadores sometieron a una interpelación al presidente de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), José Antonio Ortiz Báez, iniciativa de diferentes bancadas luego de que se planteara una nueva denuncia de irregularidades en su gestión. Se trata de la “legalización” de tragamonedas en bares, bodegas, despensas y otros comercios diferentes a las salas exclusivas de juegos de azar, cuya explotación está prohibida por la Ley N° 1016/97. Dicha “legalización” quedó a cargo de i Crop SA (representada por Ariel Peña Flores).
El 26 de agosto último se trató por primera el voto censura a Ortiz. Sin embargo, al constatarse que faltaba un legislador para concretar la sanción política, los senadores dejaron sin quorum la sesión y así, mantener en agenda el tratamiento. En aquella ocasión, la despedida de Juan Carlos “Calé” Galaverna fue polémica debido a que acusó al presidente del Congreso, Óscar “Cachito” Salomón, de “salvar a su testaferro”.
El tema se instaló en la agenda luego de que explotadores de dichas máquinas cuestionaran que debían pagar G. 300.000 y G. 450.000 como parte de las gestiones por el canon de dicha explotación, y que de ese monto sólo llega al Estado el valor correspondiente a un jornal mínimo (G. 88.051). Al respecto, la senadora Esperanza Martínez, indicó que sería como que Hacienda tercerizara el cobro de impuestos y sólo el 30% de la recaudación llegara al fisco.
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La legisladora sospecha que se trata de la creación de una estructura para lavado de dinero y además, obtener recursos ilícitos porque está prohibida la explotación de juegos de azar en sitios de libre acceso a menores de edad, y de esta manera, se expone a los niños y adolescentes a caer en la ludopatía.
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Teniendo en cuenta que el acuerdo entre iCrop y Conajzar compromete la “legalización” de 50.000 tragamonedas, de cumplir ese objetivo, la expectativa de recaudación es de US$ 2,1 millones y de ese monto, para la firma privada quedaría US$ 1,5 millones. Dicho contrato fue calificado como ilegal por la Contraloría y Anticorrupción, y pese a estos dictámenes, se mantiene vigente.
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Cuestionada adjudicación de la quiniela y reducción del canon
La “regularización” de tragamonedas por parte de Conajzar mediante la firma de la Resolución N°34/2020 se sumó a los cuestionamientos existentes con la adjudicación de la quiniela a la empresa Technologies Development of Paraguay SA (TDP SA), del expresidente Juan Carlos Wasmosy, a fines de 2020, a pesar de que es morosa del fisco, según denunció recientemente el propio viceministro de Tributación, Oscar Orué.
Otro aspecto destacado por los legisladores durante la interpelación fue la reducción unilateral del valor del canon a explotadores de juegos de azar durante la pandemia, lo cual significó una caída de los ingresos de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben), institución clave para la asistencia sanitaria y sobre todo durante la pandemia. Eso, debido a que lo recaudado por Conajzar va a la Diben.
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Referente a los puntos planteados, Ortiz había explicado que durante la cuarentena total, las salas de juegos de azar no podían realizar sus actividades y por lo tanto, junto con los integrantes de la comisión consideróaron pertinente emitir una resolución teniendo como base el decreto de la declaración de pandemia sanitaria (haciendo referencia a que las actividades en locales cerrados estaban prohibidas). Este punto fue uno de los más cuestionados por los senadores ya que no tiene la potestad de realizar interpretaciones y menos en detrimento de la recaudación estatal, excediéndose en sus atribuciones.
Cero en transparencia, ni abre la puerta
Como consecuencia de las denuncias de la prensa, la Secretaría Anticorrupción (Senac) investigó la autorización de “regularización” de tragamonedas y constató la ilegalidad del contrato directo con la firma iCrop, al especificar que no corresponde una concesión mediante contrato directo, sino que debe ser mediante licitación y posterior aprobación del Congreso Nacional.
Además, confirmó que Conajzar no cumple con la Ley N° 5282 de Acceso a Información Pública y Transparencia Gubernamental al no disponer de informaciones básicas en su página web, como quiénes son las autoridades, licitaciones, resoluciones y otras cuestiones relacionadas a la regulación de los juegos de azar.
A esto se suma que no brinda los informes solicitados vía acceso a la información pública en el expediente N° 44542, con el cual ABC requirió todas las resoluciones firmadas por la actual administración. Ortiz respondió que debido al volumen de las documentaciones, estas se encuentran disponible en la oficina, en formato impreso, sin embargo, al llegar un equipo de nuestro diario hasta el lugar, no se le permite el acceso.
La negación de los informes constituye una violación sistemática a la ley de transparencia gubernamental y el artículo 28 de la Constitución Nacional que garantiza el derecho a informarse. Especialistas indicaron que es causal de suspensión y despido, con prohibición de ocupar cargos públicos de 2 a 5 años.
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