Multa para quienes no votan es “simbólica”, justifica diputado

El diputado Sebastián Villarejo propuso varias modificaciones al proyecto de ley que plantea castigos para quienes no votan, sumando algunas excepciones necesarias y también la obligatoriedad de un buen servicio de transporte público para el día de las elecciones. Hizo énfasis en que la multa de G. 44.000 es “simbólica” y lo que se busca es hacer cumplir la Constitución Nacional vigente, que ya indica que votar es un deber de todos los ciudadanos.

Diputado Sebastián Villarejo, en estudios de ABC Cardinal 730 AM.
Diputado Sebastián Villarejo en estudios de ABC Cardinal 730 AM.ABC Cardinal

El parlamentario de Patria Querida recordó que la Constitución Nacional establece que el voto no es solo un derecho sino también un deber y una carga pública. Relató que al leer el diario de la Constituyente encontró un interesante debate y que los constituyentes decidieron por mayoría incluir la palabra “deber”, por lo cual hoy se debe cumplir con la Carta Magna y prever las sanciones.

El diputado Villarejo destacó que la multa prevista para quienes no votan es de solo G. 44.000 y es bastante “simbólica”. En ese sentido, explicó que básicamente servirá para cubrir los gastos electorales, puesto que el Estado se prepara para recibir a 5 millones de electores con papeletas, personal contratado y demás insumos.

“El cumplimiento cívico es importante. Coincido en que la multa no sea el mejor camino, por eso se puso baja. Eso vino del Senado”, añadió en otro momento.

Así también, destacó que él propuso algunas modificaciones al proyecto aprobado en el Senado; por ejemplo, incluir algunas excepciones para las personas que están fuera del país, los adultos mayores de 75 años, los magistrados judiciales en función, enfermos y también quienes viven lejos de su local de votación, por una sola vez hasta que soliciten el traslado.

También pidió incluir un artículo para que las instituciones competentes garanticen un servicio de transporte público con frecuencias constantes para que los ciudadanos tengan cómo dirigirse a los locales de votación.

En cuanto a la “muerte civil”, explicó que lo que prevé la ley es que los ciudadanos que no voten tengan que pagar extra para realizar las gestiones. “No es que no van a poder pedir su antecedente policial, por ejemplo, sino que van a tener que pagar G. 40.000 más”, enfatizó.

En otro momento, resaltó que la mayor parte de los que están en contra de esta normativa mantienen esa postura porque tienen miedo de los que no votan. “En realidad no quieren que haya participación porque el que no vota está indignado o indiferente y si vota posiblemente vote algo distinto (...) Creemos que con estas modificaciones que generan mayor justicia, esto tiene que ser sancionado”, sentenció en contacto con ABC.

¿Qué dice el proyecto?

El pasado 19 de agosto, el Senado aprobó las modificaciones al Código Electoral para que sean aplicadas sanciones a los ciudadanos que no cumplan la obligación de votar en las elecciones, como lo establece el artículo 118 de la Constitución.

La multa prevista es de medio jornal mínimo (G. 44.000). Además, se prevé que hasta el pago de dicha multa el infractor tendrá suspendidos los trámites ante la Subsecretaría de Estado de Tributación, así como la suspensión para que le sea emitido su pasaporte y el documento de antecedentes policiales por el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional.

Otras instituciones donde no podrán hacer trámites son la Dirección General de los Registros Públicos, la Dirección General de Catastro, la Dirección General de Registro del Automotor y trámites ante las municipalidades y gobernaciones.

Ayer, la Cámara de Diputados postergó el estudio del proyecto de ley. Los legisladores opositores fueron los principales defensores de la iniciativa parlamentaria, puesto que aseguraron que la ANR es la principal beneficiada con la baja participación.

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