Falsificaban firmas y robaban hasta en cuarentena, dice informe policial

En la conclusión de su investigación, un fiscal de sumarios de la Dirección de Asuntos Internos consignó que necesariamente la supuesta tragada de dinero del rubro de combustibles debía ser denunciado ante el Ministerio Público, por la complejidad del caso, y advirtió que varias firmas de suboficiales fueron falsificadas para ejecutar los desvíos de fondos (facsímil 1).

Uno de los casos graves es el del suboficial principal Mariano Izolini Frutos, jefe de una dependencia de Ñeembucú, cuyo nombre fue usado para retirar una tarjeta que fue desangrada sistemáticamente.

“El documento obrante en el expediente, con el cual se solicita un PIN a su nombre, es una burda falsificación y es apócrifa, que ni siquiera se asemeja a su firma”, dice al documento (facsímil 2).

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El suboficial inspector Arnaldo Toffoletti Espínola, en tanto, ni siquiera estaba de servicio en su unidad, la comisaría 55ª de Ñemby, el día en que su nombre para retirar una tarjeta de combustible que también fue violentada sistemáticamente.

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En la carpeta figura que, coincidentemente, en esa misma época un comisario principal de nombre Carmelo Vega le pidió por WhatsApp su número de cédula al citado suboficial, sin que Toffoletti se enterara con qué fin (facsímil 3).

Pese a que trabaja en la Dirección de Policía de San Pedro desde 2001 y que nunca administró ninguna tarjeta de combustible, el suboficial mayor Virgilio González Agüero supuestamente tiene una desde el año 2015, con la que se hicieron atrocidades durante todo este tiempo.

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La firma que supuestamente es del citado policía y que figura en el acta de entrega de la tarjeta fue falsificada, concluyó el fiscal policial, quien además resaltó en su informe que en este caso puntual figuran “cargas realizadas en diferentes puntos del país, como Asunción, Mariano Roque Alonso, Vallemí y Concepción, y en diferentes móviles como motocicletas Honda, Radam, Leopard, vehículo Toyota, todos con carga excesiva, especialmente en el mes de abril de 2020, cuando el país estaba atravesando por una paralización por la cuarentena sanitaria total” (facsímil 4).

La investigación policial que contiene todos estos reveladores datos ya fue entregada a la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), que en realidad tuvo que hacer el pedido dos veces.

Sin embargo, la carpeta aún no le llegó a la agente fiscal del Ministerio Público María Luján Estigarribia, quien también tuvo que emplazar a la Policía para que le suministren los documentos.

Las Cámaras de Diputados y Senadores también exigieron un informe a la Policía Nacional.

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El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, también concedió un último plazo de 90 días al ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, y al comandante de la Policía, Luis Arias, quienes son severamente cuestionados por la inseguridad reinante y los sucesivos casos de corrupción.