Fiscala General ordena auditoría de gestión del caso de supuesto robo de contrabando

La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, solicitó el lunes una auditoría a todas las actuaciones del Ministerio Público en el marco de la investigación del supuesto robo de mercaderías incautadas en un depósito de Aduanas, un hecho que está en el centro de una disputa entre el senador colorado Martín Arévalo y el director de Aduanas, Julio Fernández.

Ahmad Khalil Chams, dueño de la carga robada en Aduanas, y el abogado Juan Angel Pérez Pane.
Ahmad Khalil Chams, dueño de la carga robada en Aduanas, y el abogado Juan Angel Pérez Pane.gentileza

El pasado lunes, la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, solicitó a la Fiscalía de la ciudad de Mariano Roque Alonso la remisión de informes sobre todas las actuaciones en el marco de la investigación del robo de un depósito de Aduanas en Mariano Roque Alonso de materiales incautados por presunto contrabando.

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El caso a cargo de la fiscala Nohelia Naumann investiga el robo en agosto de 2020 de mercaderías incautadas al empresario Ahmad Khalil Chams, bajo sospecha de contrabando, que estaban siendo guardadas en el depósito Gical de la Dirección Nacional de Aduanas.

A ese depósito supuestamente ingresaron cinco personas a cara cubierta, haciéndose con mercaderías por un valor presunto de tres millones de dólares.

Acusaciones entre Fernández y Arévalo

El caso volvió a saltar a la atención pública debido a una disputa entre el director de Aduanas, Julio Fernández, y el senador Martín Arévalo (ANR, Partido Colorado).

El senador Arévalo responsabilizó a Fernández del robo de las mercaderías incautadas a Chams, luego de que la Dirección de Aduanas presentara una denuncia formal contra el legislador por presunto tráfico de influencias, acusándolo de solicitar la designación de personas específicas en puestos clave dentro de Aduanas.

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Chams, por su parte, ratificó ante el Ministerio Público una denuncia contra la Dirección de Aduanas por lesión de confianza, por el robo de su mercadería, señalando específicamente a Julio Fernández y a Guadalupe Ruiz, administradora de la DNA del Puerto Paksa, como posibles responsables.