Informe final afirma que Gobernación de Central no controló transferencias a CIAP y al Consejo de Salud

Apenas el Ministerio de Hacienda desembolsó el millón de dólares a la Gobernación del Departamento Central, el gobernador el cartista y exanimador de fiestas, Hugo Javier, repartió todo el fondo de emergencia por covid-19, cuyo destino era reactivar la actividad económica en Central.

Entregó G. 5.105 millones a la ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) presidido por Tadeo Álvarez, para la realización de obras de infraestructura y pavimentación. La otra organización “sin fines de lucro” beneficiada por el administrador departamental es el Consejo Regional de Salud, representado por el doctor Hugo Cabrera, que se llevó G. 1.276 millones para ayudar a hospitales durante la pandemia. Esta última ONG ni siquiera está reconocida por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS).

Senda de irregularidades

En la rendición de cuenta de la institución departamental aparece una serie de groseras anomalías para justificar el uso del dinero público. Es más, los auditores concluyeron que el ”gobernador como ordenador de gastos y máxima autoridad para el manejo y control de sus fondos, no empleó a funcionarios idóneos para e control eficiente de las rendiciones de cuentas presentadas por la fundación CIAP y el Consejo Regional de Salud”.

Se observan facturas clonadas, de empresas que no existen en las direcciones declaradas, comprobantes de supuestas compras donde los artículos adquiridos no se relacionan con el rubro de la empresa, facturas de pagos de salarios del año 2020 emitidos antes del desembolso del fondo de emergencia, reemplazo de facturas, entre otros.

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El informe sostiene que “las irregularidades manifestadas podrían implicar un menoscabo a fondos del Estado, que independientemente a la realización de ciertas obras públicas, no fueron respaldadas con documentación suficiente, lo que impide conocer la utilización de fondos cedidos por la Gobernación del Departamento Central tanto a la fundación CIAP y al Consejo Regional de Salud”.

Los auditores también expresan que en el marco de la ley 1535/1999 De Administración Financiera del Estado, “se desprende con claridad que la Gobernación del Departamento Central como órgano del Estado y buen administrador debió prever el íntegro y efectivo control administrativo de los fondos destinados a la Fundación CIAP y al Consejo Regional de Salud Departamental”.

CIAP no puede hacer obras

Uno de los puntos muy cuestionados por los titulares de la Senac y AGPE, es que según el estatuto social de la fundación CIAP dice que su naturaleza y objetivo principal es la formación de personas en diferentes disciplinas y la realización de capacitaciones, no así la construcción o restauración de obras de infraestructura y menos pavimentación. El estatuto no fue modificado.

Sobre el punto, “nos detenemos a destacar el destino de los fondos a una fundación cuyo objeto social no se ceñía a la realización de obras públicas y pavimentación asfáltica, esto se ha mencionado de manera in extensa en el presente informe, donde se ha destacado la falta de experiencia respecto al manejo y ejecución de fondos para obras públicas y pavimentación asfáltica. En cuanto al Consejo Regional de Salud Departamental, no se ha acreditado la documentación que habilite su funcionamiento, según lo establecido de el Decreto Nro. 22.385/1998 por el cual se reglamenta el funcionamie

nto del Consejo Nacional de Salud y los Consejos Regionales y Locales de Salud”, dice el informe.

Por tanto, los auditores sostienen que “al destinar fondos a entidades no aptas para el manejo de los mismos, la Gobernación del Departamento Central no propició la eficiencia y eficacia de la administración financiera”.

También agregan que la institución departamental está obligado por la normativa De Administración Financiera del Estado a “contar con documentación confiable que respalde y acredite la correcta ejecución de los fondos, cuya situación no se ha corroborado, causando una deficiencia documental”.

Ratifican anomalías

El informe final de la Senac y AGPE ratificó las irregularidades cometidas en torno a la transferencia de G. 6.382 millones tanto a CIAP como al Consejo Regional de Salud. Entre las anomalías están: la transferencia de fondos a una entidad no habilitada por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, la donación irregular de bienes realizada por el Consejo Regional de Salud Departamental al Hospital de Areguá; el otorgamiento de fondos para construcción de obras, mantenimientos y mejoras de espacios públicos a una entidad cuyos fines y objetivos son de formación profesional y capacitación y gastos irregulares del fondo destinado al proyecto.

Además, de construcción y mantenimiento de espacios públicos en el Departamento Central por G. 1.350.184.406; facturas por G. 976.267.636 en concepto de estudio de impacto ambiental, estudio de suelo y contratación de profesionales fiscalizadores, sin documentos y/o informe respaldatorio, facturas reemplazadas en la rendición de cuentas de la ley 6641/2020 reactivación económica por G. 1.610.509.089 y deficiencia documental en obras realizadas.