Acusaciones cruzadas de liderar roscas mafiosas

El senador Martín Arévalo y el director de Aduanas, Julio Fernández, comparecieron ayer ante la Comisión Especial de Seguimiento al Combate del Contrabando que investiga las denuncias sobre supuesto tráfico de influencias del legislador. Ambos se acusaron mutuamente de liderar esquemas mafiosos.

El senador Martín Arévalo y el titular de Aduana comparecieron ayer ante la comisión creada para investigar la denuncia de supuesto tráfico de influencias.
El senador Martín Arévalo y el titular de Aduana comparecieron ayer ante la comisión creada para investigar la denuncia de supuesto tráfico de influencias.

Arévalo fue el primero en intervenir, acusando a Fernández de ser responsable legal del robo de contenedores con una carga valorada en US$ 3 millones del depósito privado Gical alquilado por Aduanas.

“Esta es una rosca mafiosa, que se puso de acuerdo para asaltarle al Estado”, sostuvo el legislador, que apuntó como principales elementos de sospecha contra su denunciante, el hecho de que la carga fue robada sin resistencia, y que Aduanas alquiló el depósito por G. 2.019.597.648 por dos años, pero sin contratar ningún seguro contra robos.

Arévalo también recordó que hay contradicciones sobre la venta de la parte de la carga que no fue robada a la empresa Emeku SA, del dirigente colorado Denis Vera, y que además presuntamente está ligado a la prófuga Dalia López, vinculada a otras cargas de contrabando y el caso de falsificación de documentos de Ronaldo de Assis Moreira, “Ronaldinho Gaucho”.

Fernández, por su parte, afirmó que Arévalo forma parte de lo que denominan el “mecanismo paraguayo” de “asociación criminal” para el tráfico de electrónicos de contrabando.

Volvió a mostrar los supuestos mensajes que le enviaba el legislador pidiendo nombrar a sus “funcionarios de confianza”, Luis Roberto Pereira Recalde y Miguel Ángel Medina Prieto en puestos claves de control de cargas en Aduanas.

El titular de la DNA indicó que llamativamente, estos dos funcionarios eran los que más despachos hacían para las firmas OVF SA y Gecu SA, ambas de Gregorio Cubilla, quién figura como responsable legal de los dos contenedores declarados como contrabando.

Puntualmente Miguel Medina intervino 282 veces en cargamentos ligados a Cubilla, mientras que 223 veces el funcionario Luis Pereira, según apuntaron.

Al supuesto “esquema” también sumó al comerciante libanés Ahmad Khalil Chams, como presunto financista del contrabando.

“Acá además de presionar exageradamente, estamos viendo una asociación criminal entre gente que efectivamente está en la clandestinidad”, dijo Fernández sobre el motivo de su denuncia en este caso particular.

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