Luego de casi 3 años de estar paralizado el proceso penal, la Sala Penal por Auto Interlocutorio (AI) N° 1170 del 24 de setiembre de 2021 declaró inadmisible un recurso extraordinario de casación interpuesto por uno de los acusados por lesión de confianza, planteado contra las resoluciones de primera y segunda instancias que ordenaban la prosecución de la causa N° 72/2016, así como la realización de audiencia preliminar.
El acusado Alberto Daniel Ferreira Martí, por derecho propio y bajo patrocinio del abogado Carlos Gustavo Montañez, interpuso recurso extraordinario de casación contra el AI N° 175 del 19 de junio de 2019, dictado por el Tribunal de Apelaciones en lo penal, Segunda Sala, que declaró inadmisible el recurso de apelación general interpuesto entonces por el abogado Rodrigo González Planás en representación de Francisco José de Vargas, Cleto Luis Alberto Rojas Ramírez y Alberto Rojas Ramírez, bajo patrocinio de los abogados Lissa Kira Bogarín y Juan Carlos Ruffinelli, en representación de Antonio Pereira Fretes y Alberto Daniel Ferreira Martí, bajo patrocinio del abogado Carlos Montañez, contra el AI N° 5 de fecha 4 de enero de 2019, dictado por el juzgado penal de garantías Especializado en Delitos Económicos del Primer Turno, y el Tribunal de Alzada confirmó esta última resolución mencionada.
El juzgado penal de garantías Humberto Otazú resolvió entonces ordenar la reapertura de la etapa investigativa, recibir los requerimientos conclusivos y señalar audiencia preliminar para que comparezcan las partes.
Argumento de la Sala Penal
La Sala Penal de la Corte, integrada por los ministros Carolina Llanes, Manuel Ramírez Candia y Alberto Martínez Simón, argumenta que el Auto interlocutorio impugnado cumple con el requisito de que ha sido emanado por un Tribunal de Apelaciones, pero no se encuentra definitivamente en el catálogo de resoluciones atacables, a tenor de lo establecido en el Art. 477 del Código Procesal Penal, ya que la resolución mencionada no tiene el efecto ni la virtualidad de poner fin al procedimiento, extinguir la acción o la pena, o denegar la extinción, conmutación o suspensión de la pena, eso porque el Tribunal de Alzada al dictar la resolución hoy impugnada confirma el Auto Interlocutorio emitido por el juez penal de garantías, en el cual resolvió ordenar la reapertura de la etapa investigativa, recibe los requerimientos conclusivos y señala audiencia preliminar para que comparezcan las partes; tales resoluciones no ponen fin al procedimiento, por lo tanto, el Auto Interlocutorio de la Cámara no es recurrible.
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Antecedentes del caso
El fiscal Luis Piñánez, de la Unidad Penal Nº 9 de Delitos Económicos y Anticorrupción, formuló acusación en diciembre de 2018 contra los procesados extitulares de la Senad Francisco de Vargas (2012) y Luis Rojas (2015) y otras nueve personas más en el proceso que enfrentan por lesión de confianza, por adquirir para la institución equipos de espionaje telefónicos, inservibles, por unos US$ 2.500.000.
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Todos están imputados por los hechos punibles de lesión de confianza y producción de documentos no auténticos. Los demás procesados son: Nicasio Bóbeda, Alfredo Javier Bóbeda, Silvia Jara Acha, Antonio Salvador Pereira, Silvio Amarilla, Alberto Ferreira, Adalberto Javier Benítez, Jessica Paola Reyes y Hugo Danilo González.
El fiscal Piñánez intervino en la causa tras la recusación al fiscal Martín Cabrera (quien ya renunció como fiscal), quien fue el que formuló las imputaciones.
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De Vargas está procesado porque en el 2012 compró para la Senad de la firma Televox SRL el equipo denominado “Sistema de rastreo sensitivo móvil”, por el que pagó G. 9.406.120.000, “equipo que de ninguna manera justificaba dicho desembolso”, según el Ministerio Público.
Luego de tres años, en el 2015, el entonces ministro de la Senad, Rojas, realizó una nueva compra denominada “Equipos tácticos de comunicación”, por la que pagó G. 1.250.000.000, nuevamente a la empresa Televox.
La Fiscalía sostiene que dichos equipos no se pudieron utilizar en la labor de la Senad y que De Vargas y Rojas incurrieron en malversación del patrimonio.