El informe final de la auditoría hecha por Senac y AGPE dice “que el gobernador de Central Hugo Javier González (ANR, cartista), como ordenador de gastos y máxima autoridad, para el manejo y control de sus fondos, no empleó a funcionarios idóneos para el control eficiente de las rendiciones de cuentas presentadas por la fundación CIAP y el Consejo Regional de Salud”.
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El gobernador Hugo Javier repartió el millón de dólares y entregó al Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), presidido por Tadeo Álvarez, G. 5.105 millones para realizar obras de infraestructura y mantenimiento de espacios públicos. También el Consejo Regional de Salud, presidido por Hugo Cabrera, recibió G. 1.276 millones para ayudar a los hospitales de Central.
Los auditores sostienen que se “ha podido corroborar la existencia de irregularidades en la administración financiera por parte de la Gobernación que devengan responsabilidades tanto para la autoridad como para los funcionarios intervinientes”. Agregan que Hugo Javier, debió prever el íntegro y efectivo control administrativo de los fondos destinados a CIAP y al Consejo Regional de Salud.
Recomendaciones para el Nº 2
Senac y AGPE realizaron una serie de recomendaciones a “las autoridades de la Gobernación”. Por ejemplo, recomiendan implementar procesos investigativos correspondientes y en caso de determinar el incumplimiento de sus deberes y obligaciones por parte de algún funcionario, iniciar los procesos administrativos sancionatorios correspondientes y arbitrar las medidas necesarias para deslindar responsabilidades.
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También encargan respecto a las observaciones realizadas, investigar el origen, la causa y al responsable de las posibles irregularidades, así como implementar un nuevo sistema de control interno más eficiente y eficaz, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes para resguardar los intereses de la Entidad.
Piden además elaborar un “Plan de Mejoramiento Institucional” sobre las debilidades detectadas en la auditoría para evitar situaciones similares. Este plan debe remitirse a AGPE en un plazo no mayor a 30 días. El informe fue expedido hace tres semanas.
Por último, exhortan al equipo de auditores internos de la Gobernación de Central que cumpla con lo establecido en el Decreto Nº 1.249/03, en su artículo 3 que dicta “ejercer un control deliberado de los actos administrativos del organismo respectivo, de conformidad con las normas de auditoría”.
Irregularidades
Una senda de irregularidades fue hallada durante la auditoría de la Senac y AGPE, sobre la rendición de cuentas de la Gobernación de Central respecto al uso de G. 6.382 millones. Los mismos se resumen en la presentación de facturas clonadas, comprobantes de empresas que no existen en las direcciones declaradas, facturas de empresas cuyos rubros no condicen con el servicio prestado, también que la ONG CIAP no está capacitada para realizar obras de infraestructura, ya que su naturaleza es la de formar a profesionales en diferentes disciplinas, así como la realización de obras chapuceras, entre otros. Hasta la fecha el Ministerio Público no procesó a nadie, pero el fiscal de la causa,, Rodrigo Estigarribia manifestó días atrás que la investigación se encuentra en su etapa final.