Candidata de Asunción denunció desacato al juicio de amparo para saber en qué gastó el municipio G. 21.000 millones

La candidata a la intendencia por Asunción Para Todos, Johanna Ortega, solicitó a la Justicia que se inicie una investigación de tipo penal por desacato e incumplimiento de la sentencia definitiva que supone un duro revés para sus pretensiones de conocer en qué gastó el municipio los G. 21.000 millones para paliar la emergencia por la pandemia el año pasado.

César Ojeda, electo intendente de Asunción
César Ojeda, electo intendente de AsunciónDiego Peralbo, ABC Color

El amparo judicial pedido de informe solicitado por la candidata Johanna Ortega es sobre la gestión del 2020, administración de Oscar “Nenecho” Rodríguez, quien busca la reelección de la mano de la Asociación Nacional Republicana (ANR). La candidata a intendente pretendió el acceso a la información pública sobre las facturas que detallen los gastos en la emergencia nacional.

“La Municipalidad ya no puede ser caja chica de los corruptos de la ANR y PLRA”, sentenció, a la vez que exigió a la justicia que ordene la entrega inmediata de información solicitada a la Municipalidad el pasado 16 de julio del corriente año, en el marco de la ley 5282/14 de Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública”, comunicó la candidata a intendenta de Asunción, Johanna Ortega.

Fue debido a que ayer a las 23:59 venció el plazo de 10 días hábiles establecidos por la sentencia emitida por la Jueza Marcela Fernández que ordenaba la entrega de dichos documentos.

El abogado Gustavo Leguizamón Acha comunicó el incumplimiento de la Sentencia Definitiva que fue dictada, encontrándose vencido el plazo por el que fuera intimada la Municipalidad de Asunción.

También atestiguó que se había emplazado a entregar la información requerida en el término de 10 días hábiles, los cuales se cumplieron el día 30 de setiembre a las 23:59 horas.

Bajo apercibimiento

En la nota presentada el abogado remarcó el desacato a una orden judicial y solicitó el apercibimiento y la comunicación al Ministerio Público del incumplimiento de la orden judicial, para que se inicien las investigaciones por desacato.

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