La fiscala de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Financieros, Lavado de Dinero y Anticorrupción, Liliana Alcaraz, fijó para este 11 de octubre a las 10:00 como nueva oportunidad para que se presente a su audiencia indagatoria en el marco de la causa abierta en su contra por la supuesta comisión del hecho punible de tráfico de influencias.
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La notificación fue hecha en los sitios señalados como domicilio de Barros Barreto, bajo apercibimiento de que en el caso de que no presente, la fiscala ordenará su detención en concordancia con el artículo 240 de Código Procesal Penal y también declarará su rebeldía.
De Barros Barreto fue citada el 16 de setiembre para que se presente ante el Ministerio Público; sin embargo, no lo hizo, es por ello que nuevamente fue convocada para la siguiente semana.
Proceso dilatado
María de Barros Barreto fue imputada en junio pasado junto con Diego Di Stefano y José Ramón Bogado Cardozo, este último ex secretario privado de Juan Ernesto Villamayor, por tráfico de influencias, por los fiscales Lilian Alcaraz y Francisco Cabrera.
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En el marco de dicha investigación, los tres fueron para el 4 de junio para su audiencia de imposición de medidas. El Ministerio Público solicitó medidas alternativas a la prisión para todos.
La abogada Sara Parquet, defensora de José Bogado, planteó un recurso de reposición contra la fijación de diligencia, por lo que la misma fue suspendida por la jueza especializada en Crimen Organizado, Rosarito Montanía, quien interinaba en ese momento a su colega José Agustín Delmás.
En cuanto a los otros dos encausados, María Lorena y Diego Di Stefano, no se presentaron.
Los tres fueron convocados otra vez el 16 de junio, pero para esa fecha el abogado César Núñez tomó la defensa de De Barros Barreto y planteó un recurso de reposición contra la providencia por la cual se admitió la imputación por tráfico de influencias. El poder presentado por Núñez tenía apostillado de Madrid, lo que confirmó que ella ni siquiera estaba en el país.
También Di Stefano designó como su nuevo defensor al abogado Diego Fabián Miltos y este interpuso un incidente de nulidad absoluta de la imputación.
Ante estos incidentes planteados, el juez Humberto Otazú, quien interinó en esta ocasión al juez José Agustín Delmás, tuvo que suspender la audiencia de imposición de medidas.
Influencias y repartija
De acuerdo con los elementos señalados en el acta de imputación, José Ramón Bogado Cardozo, María Lorena de Barros Barreto y Diego Di Stefano, de común acuerdo, entre el 23 de abril y el 4 de mayo de 2019, habrían solicitado la suma de US$ 2 millones a los abogados defensores del entonces prófugo Darío Messer en Paraguay, Leticia Bóveda y Rodrigo Galeano, a cambio de ejercer sus influencias con los miembros del Poder Judicial y con el entonces ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor.
El pedido de dinero era con la finalidad de obtener y asegurar resultados a favor en la tramitación de cualquier planteamiento que pudieran realizar en representación de Messer ante las instancias judiciales, así como el ofrecimiento de garantías para su entrega y sometimiento a la justicia paraguaya.
Dentro de toda esa planificación hecha por los tres, la suma que fue solicitada debía distribuirse de la siguiente manera: US$ 1.000.000 para Juan E. Villamayor, entonces ministro del Interior, y US$ 1.000.000 para los miembros de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con la imputación fiscal.