Paraguaya es detenida entre integrantes de una banda que movía ilegalmente a migrantes en Chile

Una investigación ejecutada por la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), que duró un año y medio, concluyó con el desbaratamiento de una banda que movió ilegalmente a unos 1.000 migrantes. Entre los presuntos delincuentes se encontraba una paraguaya, pareja del mismísimo líder del grupo, según publicó la revista The Clinic.

Local allanado en Chile, en donde se desbarató a la banda criminal
Local allanado en Chile en donde se desbarató la banda criminal.Gentileza

En total fueron nueve los aprehendidos en este procedimiento que desbarató una banda multinacional que “facilitó, promovió y lucró con el ingreso y/o salida irregular de migrantes hacia o desde el país”. Los presuntos delincuentes fueron detenidos en su domicilio y junto a ellos se encontró también a 57 víctimas, entre ellas 19 menores de edad.

De acuerdo a los resultados de la investigación publicados por la revista chilena The Clinic, los detenidos cobraban por el traslado de sus víctimas entre US$ 200 y US$ 250 y las hacían cruzar por pasos no regulados desde Perú hasta Chile. Con esta modalidad, la banda generó ganancias de al menos 115 millones de pesos chilenos (unos US$ 140.000).

El informe señala que unas 1.000 personas provenientes de Cuba, Venezuela, Colombia y Haití ingresaron al país por pasos no habilitados.

En cuanto al organigrama de la banda, el sindicado como líder es Maxene Faustín (alias Moreno o Marcelo), ciudadano haitiano, quien junto con Raúl Pérez Gómez, de origen peruano, coordinaban el “negocio”.

Por su parte, la paraguaya Ruth Núñez, más conocida como “Leticia” (su segundo nombre), es pareja del mismísimo líder Faustín y, a la vez, encargada del manejo del dinero.

Los integrantes de la organización criminal fueron imputados por asociación ilícita, por la comisión del tráfico ilícito de migrantes, delitos reiterados de tráfico ilícito de migrantes, agravado por afectar a menores de edad y por la existencia de riesgo en la salud e integridad de las personas afectadas.

Por un lado, se dictó prisión preventiva para ocho de los imputados, a excepción de la paraguaya “Leticia”, quien quedó con arresto domiciliario. El grupo se expone a una pena inicial mínima de entre 5 y 20 años de cárcel.

Eduardo Cardoza, secretario ejecutivo de Movimiento de Acción Migrante (MAM), indicó que existe una “crisis de las políticas migratorias”, lo que lleva a que haya una inmigración ilegal sistemática, mientras que las barreras que se establecen en la frontera incrementan el tráfico y la trata de personas se convierte en un mercado, “uno de los más lucrativos del mundo”, según aseguró el profesional.

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