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Los ministros Luis María Benítez Riera, Manuel Ramírez Candia y María Carolina Llanes descartaron el recurso extraordinario de casación planteado por el defensor público Adán Arévalos contra la sentencia dictada el 13 de noviembre del 2020 por el Tribunal de Apelación en lo penal, primera sala.
Este fallo confirmó la condena dictada en un juicio oral y público que concluyó el 17 de julio del 2020, con la condena de Mauricio José González Mereles a 25 años de pena privativa de libertad.
En juicio, González Mereles fue declarado autor material del homicidio doloso y hurto agravado del que resultó víctima Miguel Ángel Gómez Sosa, de 59 años.
El crimen ocurrió en un chalet turístico del barrio Itá Enramada, donde la víctima se desempeñaba como el cuidador. El cuerpo sin vida del casero fue hallado el 22 de marzo del 2018 por el hijo de la víctima, que, preocupado porque su padre no atendía sus llamadas, decidió ir a ver qué ocurría.
En la ocasión, el hijo advirtió un olor nauseabundo que provenía de la congeladora y cuando la abrió se llevó la macabra sorpresa de encontrar ahí el cuerpo sin vida de su padre.
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La médica forense Felisa Mora certificó que la causa de la muerte fue “shock hipovolémico producido por herida de arma blanca” y que el cuerpo presentaba golpes en la cabeza, heridas de arma blanca en el cuello y en el pecho y tenía más de 24 horas de fallecido. Según los datos, el sereno habría sido introducido en el freezer cuando aún se encontraba con vida.
Fiscalía pidió medidas de seguridad
En juicio, los fiscales Mercedes Cañiza y Giovanni Grisetti solicitaron una condena de 25 años de cárcel y 10 años de medida de seguridad para el acusado.
Entre las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público está el relato del acusado ante el psiquiatra forense, que dice textualmente: “Niega haber participado del homicidio. Refiere que con un grupo de amigos planearon robar el automóvil de la víctima, varios días antes del hecho, en momentos en los cuales se encontraban bajo consumo de alcohol y marihuana en forma ininterrumpida, el día del hecho sus amigos se comunican con él por lo que va a la casa de la víctima y encuentra su cadáver, el cual ayudó a esconder dentro de un congelador para luego huir junto a los demás en el auto de la víctima rumbo al Brasil, con intención de venderlo. Refiere que sus amigos fueron descendiendo por el camino y él continuó hasta la frontera, para luego entregarse en forma voluntaria luego de un tiempo”.
Perfil psicológico
El informe también reporta que el acusado -que tenía 20 años de edad cuando ocurrió el hecho- consumía alcohol desde los 13 años, seguía tratamiento psicológico y psiquiátrico, con dos internaciones en el Hospital Psiquiátrico en la adolescencia.
En el establecimiento penitenciario refiere conductas impulsivas y violentas con ataques con armas blancas y golpes a otros internos, con al menos dos ingresos al calabozo.
Acusado dijo que “sólo ayudó a ocultar el cuerpo”
En su declaración indagatoria ante el Tribunal de Sentencia, el acusado negó haber cometido el crimen, del que responsabilizó a terceros.
González dijo que cuando llegó a la casa el casero ya estaba muerto y tenía sangre coagulada en el cuello. Según su versión, en la casa estaba otra persona que le ayudó a trasladar el cuerpo desde el quincho hasta la congeladora. Según su versión, él tomó el cuerpo de las piernas y la otra persona de los brazos y así lo arrastraron hasta el lugar donde se lo encontró finalmente.
Sin embargo, en el video del circuito cerrado de la residencia se le ve al acusado ingresar solo a la casa.
El Tribunal de Sentencia presidido por María Luz Martínez, Darío Báez y Víctor Hugo Alfieri sentenció a González a 25 años de pena privativa de libertad y descartó la aplicación de la medida de seguridad.
Corte advirtió falencias en recurso
“(...) la motivación debe ser requisito formal de la presentación, ya que constituye el elemento primordial de contenido crítico, valorativo y lógico, por tal razón es obligación del casacionista demostrar la violación existente, el vicio o el error del que padece el fallo atacado, el modo en que afecta a sus derechos y la solución que se pretende, extremos que el recurrente no ha cumplido”, concluye la ministra María Carolina Llanes, quien califica el recurso planteado por la defensa como “notoriamente inadmisible”.