Ante nueva protesta de escribanos, la Corte Suprema suspende plazos registrales

La Corte Suprema de Justicia dispuso la suspensión de los plazos registrales durante 10 días hábiles para ajustar los inconvenientes derivados de la instalación del nuevo sistema electrónico. Fue durante una sesión extraordinaria realizada esta mañana, en coincidencia con una manifestación de escribanos y gestores que se lleva a cabo frente al Palacio de Justicia en estos momentos.

Por segunda vez, escribanos y gestores se manifiestan contra el nuevo sistema informático implementado en Registros Públicos el 4 de octubre pasado. La cita de hoy fue frente al Palacio de Justicia.
Por segunda vez, escribanos y gestores se manifiestan contra el nuevo sistema informático implementado en Registros Públicos el 4 de octubre pasado. La cita de hoy fue frente al Palacio de Justicia.SILVIO ROJAS

“Tenemos la acordada por la cual se establece estas normas de excepción para el manejo de la Dirección General de Registros Públicos, en atención a un informe técnico que elevaba la directora general el día viernes de la semana pasada. También oyendo las reiteradas observaciones sobre manejos puntuales de los Registros Públicos por parte de los escribanos públicos y de la ciudadanía, en ese sentido hemos realizado durante estos días de la semana pasada y durante el fin de semana los trabajos de revisión y hemos acordado entre los señores ministros, con la dirección del Dr. Antonio Fretes, que es el encargado de los Registros Públicos (...), explicó el ministro Alberto Martínez Simón durante la sesión extraordinaria de hoy.

Martínez precisó que el primer punto de la acordada es la suspensión de los plazos registrales desde mañana, martes 26 de octubre, hasta el 8 de noviembre para las operaciones que estaban en trámite ante la DGRP. Asimismo, se dispone la realización de una auditoría para definir si se continúa o no con la implementación del Sistema Integral de Gestión Registral Electrónica (e- SIGR), para la cual ha sido adjudicado el Consorcio de Gestión Documental. Mientras tanto, se dispone el regreso temporal al sistema anterior.

“También se inhabilita la mesa de entrada de ingresos de documentos, así como oficios judiciales electrónicos, debiendo procederse a la mesa especial de atención para el ingreso de oficios judiciales, durante ese plazo de 10 días hábiles, en formato papel y exclusivamente para informes de condiciones de dominio que pidan los juzgados y copia de asientos registrales”.

Mientras tanto, en las afueras del Palacio de Justicia, escribanos y gestores se manifestaron contra la implementación del nuevo sistema electrónico vigente desde el 4 de octubre pasado. Es la segunda manifestación de los usuarios, pues la primera tuvo lugar el 14 de octubre pasado frente a la sede de la Dirección General de los Registros Públicos, ubicada en la avenida Eusebio Ayala a la altura del km 5, ocasión que en que los manifestantes inclusive cerraron la avenida.

La escribana Ana María Mendoza de Acha lamentó que hasta el momento la Corte Suprema de Justicia no les haya convocado para conocer su opinión sobre el sistema y se limite únicamente a escuchar la versión de la Dirección de Registros Públicos. Por este motivo, los notarios solicitaron audiencia con los ministros, a fin de instalar el diálogo y exponer su punto de vista.

Lo que está ocurriendo en la calle es sumamente grave. Es inédito en la historia del país que el sistema registral tenga una debilitación tal que haya quedado paralizado. Son 200 millones de dólares que nos dicen los bancos que no pueden operar porque están ahí estancados al no tener el funcionamiento de los Registros Públicos”, indicó la profesional.

Otro punto importante de la decisión adoptada por la Corte Suprema es el comisionamiento, por el plazo de tres meses, de 40 funcionarios especializados del Registro del Automotor a la Dirección General de los Registros Públicos, para coadyuvar en la normalización de los trabajos de esta última. Se encomendó a la Dirección General de Recursos Humanos la realización, dentro de las próximas 48 horas, de las gestiones para dicho comisionamiento, que será decidido por el Consejo de Superintendencia.

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