Encarecidas cárceles del MOPC no concluyen, tras más de dos años de haberse adjudicado

Las tres penitenciarías que construye el MOPC, dos para Emboscada y una para Minga Guazú, debían concluir en agosto de este año, pero las empresas adjudicadas siguen sin culminar los trabajos. Además, las obras ya registran un encarecimiento de US$ 5,7 millones.

La cárcel de Minga Guazú es la que más avance registra hasta la fecha.
La cárcel de Minga Guazú es la que más avance registra hasta la fecha.

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En junio del 2019, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) adjudicó la construcción de tres nuevas penitenciarías, las que fueron otorgadas a tres diferentes empresas por G. 192.423 millones. La orden de inicio de los trabajos a las empresas adjudicadas se otorgó en agosto de ese mismo año y se les dio un plazo de 24 meses para culminar las construcciones, lo que no ocurre hasta hoy.

Además, el precio de la obra ya se infló a G. 229.907 millones; es decir registra un encarecimiento de G. 37.483 millones (US$ 5,7 millones al cambio actual).

El lote 1 de Emboscada está a cargo de la firma Aponte Latorre (representada por Osvaldo Aponte) y registra un avance del 84%. El contrato original del contrato con esta firma era por G. 62.324 millones, pero esta empresa terminará percibiendo G. 74.426 millones (encarecimiento del 20%).

Por otro lado, el lote 2 (para otro pabellón de Emboscada) está a cargo del Consorcio Cordillera (representado por Emilio Díaz de Vivar), integrado por Edivi SA y Constructora Heisecke SA, y registra un avance del 80,5%. Esta parte se le dio a este grupo por G. 62.299 millones, pero se le terminará desembolsando G. 74.263 millones (también con sobreprecio del 20%).

Por último, el lote 3, para la cárcel de Minga Guazú, se otorgó al Consorcio AGB - Tocsa SA (representada por Sara María Blanco de Dose) y registra un avance del 96%. El contrato de este lote fue por G. 67.799 millones, pero se terminará pagándo G. 81.218 millones.

Se “agregaron” obras

Según había informado en MOPC estas variaciones de costos con respecto a lo contratado, “responden a la inclusión de rubros no contemplados inicialmente, pero que son de suma necesidad para la correcta terminación y factibilidad de uso de las instalaciones”.

Respecto a las obras que se agregaron, indicaron que tienen relación con la adecuación del proyecto a las normativas legales de accesibilidad a las personas con discapacidad, dispuestas en la Ley N° 4934 “De accesibilidad al medio físico para las personas con discapacidad”, que afectaron a todos los rubros de la obra (obras civiles, estructura, instalaciones eléctricas y sanitarias, entre otros).

También se agregó a cada lote la construcción de plantas de tratamiento de efluentes cloacales y su sistema de cañerías, además de tanques de agua superior e inferior y pozo profundo para la provisión del líquido vital. Además, indicó que en el lote 3 se modificó el tipo de fundación, por las condiciones del suelo en lugar de implantación, por lo que adoptaron fundaciones profundas de tipo pilotes y de plateas de cimentación, conforme a los estudios geotécnicos específicos.

Finalmente, tal y como ocurre en prácticamente todas las obras de infraestructura del Estado, el monto contratado termina inflado, mucho más de lo pactado en un inicio.

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