Salvan de la intervención al intendente de 3 de Mayo

El pedido de intervención fue enviado al archivo, con la excusa de que la gestión de Aquino ya está en su etapa de finalización. Pasaron por alto las denuncias en contra del jefe municipal liberal que radican en la Fiscalía.

El diputado Hugo Capurro (PLRA) solicitó a su colegas rechazar la intervención y que su correligionario “si tiene cuentas que rendir, que lo haga ante la Justicia”.

“Pido a los colegas acompañar el rechazo de la intervención de 3 de Mayo, porque creo extemporáneo; está a 10 días de dejar la intendencia, para más ha perdido las internas, ha perdido la general, asume un colorado y si hay hecho punible, seguramente va a ir la Contraloría a investigar y va a denunciar a Fiscalía”, señaló Capurro.

El diputado caazapeño Avelino Dávalos (ANR, cartista) se allanó al pedido de Capurro, pero aclarando que según dictamen de comisiones, existen los méritos para la intervención, no así el tiempo para implementarla. “Creo que administrativamente ya no corresponde la intervención, pero hay que dejar en claro que ha trabajado la comisión, ha constatado las denuncias que son ciertas y quiero instarles a los organismos de control a realizar los trabajos correspondientes”, refirió el legislador colorado.

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El pedido de intervención responde a presuntos desvíos durante los años 2016, 2017 y 2018, de recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y royalties por un valor superior a G. 300 millones. La denuncia realizada por los concejales municipales Nicolás Maidana y Alcides Viveros ante la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) refiere que supuestamente el intendente Aquino habría incurrido en lesión de confianza durante su gestión.

Detalla que además de supuestamente sobrefacturar obras, se constató que varias de ellas eran “fantasmas”, es decir, figuraban en los papeles pero al verificar in situ no existía ni un solo ladrillo colocado. Es el caso, por ejemplo, de la escuela Nº 4227 “San José” y de la Escuela Básica Nº 6971, que figuraban con obras supuestamente concluidas, pero nada se encontró.

Entre otras irregularidades también se cuestiona la adjudicación de manera directa, vía excepción, de siete contratos sin que presuntamente estén dadas las condiciones para utilizar esa vía y para evadir los procesos licitatorios habituales.

En cuanto a recursos de Fonacide se estima un presunto daño patrimonial de G. 229.089.010, mientras que en cuanto a royalties, la suma desviada estimada es de G. 73.710. 418.