Contraloría pide informes a Aduanas sobre caso que implica a Fernández y Arévalo

La nota de la Contraloría fue enviada a Fernández ayer, miércoles, según el documento al que accedió ABC Color este jueves. En el texto se lee un pedido con varios puntos por parte del titular de la CGR, Camilo Benítez, al director de Aduanas, Julio Fernández.

Antes que todo, la CGR pide los antecedentes y la situación actual del sumario DNA 190000152844K-DSA 380-2/2019, que se realizó al cargamento denunciado como de contrabando. Además, se exige una copia del documento legal que avale el valor de la mercadería incautada y una copia de la sentencia del caso, si la hubiere.

También el contralor pide el dato de si la mercadería está en Aduanas y, de ser así, en qué depósito. En su defecto, si fueron comercializadas, se piden los antecedentes de la venta. La CGR concede un plazo de cinco días hábiles para la remisión de este reporte.

El cargamento

Aduanas supuestamente habría beneficiado irregularmente a un tercero en la compra de las mercaderías cuyos datos la Contraloría pide ahora. Esto se conoció por una denuncia presentada ante el Ministerio Público y ante la Cámara de Senadores por el importador Ahmad Khalil Chams y firmas comerciales.

La denuncia de Chams en Fiscalía fue realizada el 12 de mayo de este año en contra de personas innominadas por la presunta comisión de lesión de confianza. Luego, el 25 agosto último, ante la Cámara de Senadores, de la cual se hizo cargo el senador Martín Arévalo (ANR), quien fue denunciado por tráfico de influencias por Julio Fernández, lo que generó una situación en que ambos se acusaron de formar parte de esquemas corruptos.

Según los documentos de la denuncia de Chams, las personas implicadas en la irregularidad fueron Julio Fernández, director nacional de Aduanas, y Guadalupe Ruiz, administradora de Aduanas del Puerto Paksa.

¿Cómo sucedió?

Según la denuncia, el 24 de junio de 2020, en virtud de la Resolución N° 268/20, la administradora de Paksa declaró en contrabando las mercaderías, dispuso su comiso y comercialización, así como el medio de transporte.

El denunciante agrega que la autoridad aduanera incurrió de “forma totalmente arbitraria, parcialista y con un sospechoso interés la comercialización de dichas mercaderías a un tercero, sin darle oportunidad al público en general y a su persona en particular de concursar por la adquisición de dichos bienes, por las vías de concurso de precios, licitación pública o subasta pública, privando por una parte al Estado paraguayo de percibir sumas de dinero más importantes que la que recibió de un solo postor”.

Esto, según refiere, porque el artículo 300 del Código Aduanero establece que toda mercadería incautada podrá comercializarse únicamente por tres vías: el concurso de precios, licitación pública y subasta pública.

El escrito, al cual se sumó el abogado Rafael Ortiz Villalba, en representación de las firmas “Importadora Gecu SA” y “Belic Import Export SA”, insiste en que se privó al Estado de sumas importantes de dinero, ya que el valor de los productos era de US$ 3 millones aproximadamente.

Además, que las mercaderías caídas en comiso no fueron incluidas en la lista oficial de remate, que existió hurto agravado para reducir su valor y posteriormente se realizó la venta directa a la firma Emeku SA.

Hasta ahora hay un nulo avance de las investigaciones por parte de la Fiscalía.