Un apasionado debate generó el pedido de intervención a la Gobernación de Central, durante la sesión extraordinaria de la Junta Departamental realizada hoy. Los proponentes, los liberales Adrián Billy Vaesken, Roque Ávalos, Daniel Ferreira, Laura Moreira, Derlis Larroza, Benita Jara, Dilio Ortíz, y Atilio López, prosperó finalmente con 12 votos.
También apoyaron sorprendentemente los liberales Mario Aguilera (presidente de la Junta) y Jorge Rolón, además del colorado Gustavo Machuca y del patriaqueridista Miguel Villagra. Todos ellos siempre fueron leales a Hugo Javier.
Votaron por el rechazo los colorados Derlis Maciel, Alejandro Núñez, María Sixta Estigarribia, Enrique Ojeda, Emilse Bobadilla y Crispín Vallejos. No se atrevieron y se abstuvieron sin dar explicaciones los colorados Jadiyi Ibarrola, Gustavo Maciel y Óscar Delvalle.
“No renuncies Hugo Javier”
La concejala María Sixta Estigarribia, tenía un cartel de apoyo pegado a su curul en apoyo al gobernador de Central que decía “No renuncies Hugo Javier”. Dijo que su posición es “únicamente política”.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
“Yo, concejala María Sixta Estigarribia González, colorada, repito, cartista por convicción y nunca por conveniencia, le exijo al gobernador que no renuncie, que no defraude a más de esos 310.000 electores en Central, colorados y seguro también liberales que depositaron su confianza para que este gobierno sea colorado”, manifestó gritando la edil.
Refiriéndose a la bancada liberal, dijo que esa decisión popular no será cambiada “por una gavilla de diez letraditos que quieren ofrecer camioneta y plata para ocupar el lugar que genuinamente le corresponde Hugo Javier González”.
Más tarde, reiteró su absoluto apoyo al gobernador y le exigió que no renuncie.
“Yo, Hugo Javier, no te voy a abandonar y te exijo, te exijo, como mamá, centralina y como concejal de Central que no renuncies, que no le des el gusto esta gavilla de letrados que quieren entrar por la ventana y sentarse en ese sillón, no le des el gusto”, pidió.
Indicó además que el pedido de intervención es una farsa porque “la Justicia ya intervino” y agregó que será mejor que decida la Justicia el destino del Departamento Central y no ellos, como concejales.
Se dirigió nuevamente a sus colegas liberales proponentes de la intervención y les dijo “pueden irse al infierno”, porque “aunque no les guste, este gobierno de Hugo Javier va a terminar”.
La imputación no es suficiente
El presidente de la Comisión de Legislación, Derlis Maciel, colorado cartista, se refirió a la imputación fiscal contra el gobernador Hugo Javier y otras 14 personas y dijo que “la imputación no es otra cosa que estar bajo el estado de sospecha de la comisión de un hecho punible”.
Indicó que no duda en que se haya cometido todos los hechos descritos en el acta de imputación, pero que no es él y tampoco sus colegas, quienes deben determinar “si el gobernador y sus colaboradores son culpables de los hechos punibles que la Fiscalía está denunciando”.
“Esa presunción de inocencia recién se va a romper cuando en un juicio oral y público se pueda confirmar la sospecha que tuvo la Fiscalía y esa sentencia quede firme y ejecutoriada”, indicó Maciel.
El edil cartista afirmó además que sus pares se apresuraron en solicitar el pedido de intervención, ya que ni siquiera aún, el Juzgado de Delitos Económicos se expidió ante lo solicitado por los fiscales de la causa, Rodrigo Estigarribia, Francisco Cabrera y Luis Said, ya que recién el próximo miércoles 10 y jueves 11 fueron convocados todos los imputados para la imposición de medidas.
“No podemos hoy sostener, jurídicamente hablando, que una imputación es un motivo ya determinante para que podamos solicitar el pedido de intervención”, indicó el concejal.
Dictamen que favoreció a Hugo Javier
Por otro lado, el pedido de intervención no solo es por la ejecución de G. 6.382 millones (US$ 1.000.000) del fondo de emergencia sanitaria por covid-19 que el Ejecutivo otorgó a la Gobernación, sino también se extiende, al ejercicio fiscal 2019 sobre las transferencias hechas por la institución departamental a varias ONG´s, donde se constató que más de G. 18.300 millones no tienen respaldo documental.
La Contraloría General de la República (CGR) realizó una auditoría sobre el caso y concluyó que indiscutiblemente el gobernador de Central no supo justificar la ejecución de más de G. 18.300 millones que ni siquiera tienen planillas de rendición y menos facturas. Sin embargo, los auditores hicieron una descabellada recomendación a Hugo Javier. Le propusieron que “realice las diligencias pertinentes ante el Ministerio Público”, es decir, que se autodenuncie.
Esta conclusión fue suficiente para que Derlis Maciel defendiera una vez más la administración del exanimador de fiestas.
“El dictamen de Contraloría es el que tiene que decir y constatar de que hay malversación de fondos. Hemos leído la sugerencia, la Contraloría remitió ese dictamen a la Junta Departamental para su toma de conocimiento porque ni siquiera decía de que se constató la malversación de fondos”, sostuvo.
Carnaval pandémico
El pedido de la intervención se relaciona al festín de los G. 6.382 millones (US $1.000. 000), fondo de emergencia sanitaria por Covid-19, que el Ejecutivo otorgó a la Gobernación de Central en diciembre del año pasado para generar fuente de trabajo para centralinos durante la pandemia.
Hugo Javier, transfirió G. 5.105 millones a la ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), presidido por Tadeo Álvarez Cristaldo y otros G. 1.276 millones al Consejo Regional de Salud, representado por Hugo Cabrera.
En la rendición de cuentas de la ejecución de los fondos aparecen facturas clonadas entre otras irregularidades. El pasado lunes 1 de noviembre, los fiscales Rodrigo Estigarribia, Francisco Cabrera y Luis Said, imputaron finalmente por lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, a Hugo Javier González, Tadeo Álvarez, presidente de CIAP y a otras 13 personas relacionadas a la Gobernación, a CIAP y a contratistas.