Poder Ejecutivo remite esta semana a Diputados la intervención de Central

El Ejecutivo enviará esta semana a la Cámara de Diputados el pedido de intervención de la Gobernación de Central, a cargo de Hugo Javier González (ANR-HC), imputado por lesión de confianza y asociación criminal, entre otros delitos. Al recibir la Cámara, el plazo de decisión no debe sobrepasar los 15 días hábiles.

Hugo Javier González, gobernador de Central (ANR, cartista). Está imputado por lesión de confianza y otros delitos.
Hugo Javier González, gobernador de Central (ANR, cartista). Está imputado por lesión de confianza y otros delitos.

La Junta Departamental de Central remitió el viernes 12 de noviembre pasado el pedido de intervención contra la gestión de Hugo Javier González (ANR, cartista) al Ministerio del Interior. La Dirección de Gobiernos Departamentales y Municipales, dependiente del Viceministerio de Asuntos Políticos, analizará técnicamente lo solicitado para luego remitirlo esta semana a la Cámara de Diputados, confirmó ayer el viceministro Daniel Centurión.

El plazo de estudio es de seis días hábiles que son contabilizados desde el momento de la recepción. Centurión, viceministro del Interior y titular de Asuntos Políticos, señaló en su momento que de darse la intervención sería una brillante oportunidad para que el gobernador González demuestre su inocencia.

“Una dependencia del Viceministerio a mi cargo es la que hace el análisis técnico, es el análisis de forma, no de fondo”, manifestó.

El viceministro indicó que al recibir el pedido, inmediatamente lo remitió a la Dirección de Gobiernos Departamentales y Municipales “con precisas instrucciones de que hagan revisión. Son 221 fojas”, expresó.

“Lo que veo es que existen muchísimas denuncias de la administración de Hugo Javier y seguramente la intervención va a ser una brillante oportunidad para que él (González) demuestre lo que hoy él está sosteniendo”, señaló el alto funcionario de la cartera estatal.

En manos de Diputados

Una vez que el Ministerio del Interior remita el pedido de intervención de la Gobernación de Central a la Cámara de Diputados, el análisis y decisión no debe sobrepasar 15 días. Es decir, la Cámara Baja debe conformar una comisión especial de intervención la que convocará a las partes. Luego debe emitir dictamen que seguidamente deberá someterse a votación en el pleno. Ahí se determinará si la Cámara de Diputados aprueba o no la intervención.

En caso de darse curso favorable a la intervención (artículo 165 de la Constitución Nacional) el pedido se remitirá al Ejecutivo que tiene que designar un interventor, el cual debe emitir un informe (en un plazo no mayor de 90 días) que nuevamente será enviado a la Cámara de Diputados, que deberá votar (por mayoría absoluta) si destituye o no al gobernador. En caso de la destitución, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) convocará a elecciones para nuevo jefe departamental en un plazo de 90 días, luego de la resolución de la Cámara Baja.

Un dato no menor es que Diputados está a contra reloj para una decisión sobre la intervención de la Gobernación de Central, atendiendo que el receso parlamentario se inicia el 20 de diciembre próximo.

Imputación

El caso se origina cuando el Ejecutivo otorgó G. 6.382 millones, del fondo de emergencia sanitaria por covid-19, a la Gobernación de Central, administrada Hugo Javier González.

El exanimador de fiestas entregó a la ONG CIAP, presidida por Tadeo Álvarez, G. 5.105 millones, y al Consejo Regional de Salud, representado por Hugo Cabrera, la suma de G. 1.276 millones.

Según la investigación fiscal, existen graves indicios de lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, asociación criminal y declaración falsa, en la ejecución del recurso público. Fueron imputadas 15 personas el pasado 1 de noviembre, entre ellas, el gobernador Hugo Javier.

Las chicanas del “locutor N° 2″

El pasado 10 de noviembre, la audiencia de imposición de medidas al gobernador de Central, Hugo Javier González (ANR, HC), fue suspendida debido a que no se cuenta con juez en la causa. Es atendiendo a la inhibición del juez José Agustín Delmás porque tenía causal (enemistad) con el abogado Andrés Casati, quien asumió la defensa de Hugo Javier. El juez Delmás se apartó y el expediente pasó al Juzgado de Garantías, a cargo del juez Humberto Otazú, quien impugnó la inhibición de su colega, por lo que queda a cargo del Tribunal de Apelación, que deberá resolver en qué juzgado quedará la causa.

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