El Viceministerio de Agricultura Familiar Campesina e Indígena fue creada en 2019 por la Ley 6286, y establecida por el Decreto 3929, de agosto del 2020, recién pudo empezar a a funcionar administrativamente desde abril de este año, tardó mucho en implementarse porque se prolongó su reglamentación y además porque justamente surgió la pandemia, según informó el subsecretario pertinente, ingeniero agrónomo Ebert Benítez.
“Desde abril de este año, mes en que me nombraron como viceministro de Agricultura Familiar estamos trabajando en la formalización institucional con otros estamentos y con cooperación internacional para armar la estructura institucional, de tal manera que pueda funcionar como una subsecretaría, porque actualmente está funcionando como una Dirección de Agricultura Familiar (DAF), repartición que era de la Dirección de Extensión Agraria, que fue absorbida para el efecto”, explicó Benítez.
Indicó que la estructura de recursos humanos es muy pequeña, con solo 15 funcionarios, quienes están trabajando en dar los primeros pasos con el viceministerio en cuestión, coordinando las acciones que hacen a la agricultura familiar campesina.
“Uno de los desafíos a corto plazo que tiene el Viceministerio es el de ir absorbiendo otros estamentos que están dentro del MAG, para ir formalizando, tales como el Sello de la Agricultura Familiar Campesina, el departamento de Compras Públicas y el de Ferias Agropecuarias, que está dentro de la Dirección de Comercialización”, señaló.
Apuntan a US$ 75 millones del proyecto Pima
Indicó que con las 15 personas que integran hasta ahora su repartición, son lo justo y necesario para ir formando el Viceministerio con lo que era la DAF, con un presupuesto de G. 4.920 millones, que es para empezar pero que para el 2022 se pretende aumentar un poco más y también poder concretar la coordinación con los proyectos emblemáticos como Reciproaf (Restauración de los sistemas de producción de la agricultura familiar), Pima (Proyecto de Inserción a Mercados Agrarios) y otros. De este último, recordó que este año utilizó unos US$ 25 millones, por la “emergencia”, y se espera un fondo de US$ 75 millones para proseguir con el desarrollo del proyecto verdaderamente.
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