Hugo Javier habría encontrado forma de burlar control de Contrataciones Públicas

Pablo Seitz, director de Contrataciones Públicas, dijo este miércoles que la DNCP nada puede hacer para intervenir en la transferencia que hizo la Gobernación de Central -encabezada por el imputado Hugo Javier González- a la ONG Tekove, que ya fue impedida por la entidad a su cargo de participar de concursos públicos.

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Hugo Javier González, imputado.

La Gobernación de Central transfirió el 30 de septiembre pasado a la ONG “Asociación Tekove Servicio de Acción Social” un total de G. 5.185 millones mediante seis cheques consecutivos. El objetivo sería llevar a cabo varias obras de infraestructura en Central.

Esto generó un nuevo hecho en la investigación que hace la Fiscalía sobre las multimillonarias transferencias que hizo la gobernación encabezada por el cartista González, quien habría despilfarrado el dinero a través de transferencias a varias ONG.

La organización no puede celebrar contratos a través de Contrataciones Públicas. Seitz confirmó que fue sancionada por irregularidades, aunque no precisó cuáles. Según fuentes, los presuntos representantes serían Nicolás Rivas Bogado y Diana Raquel Rivas Riveros.

Sin embargo, la gobernación habría encontrado una “fórmula” para evadir el control. Se trata del “rubro 800″, con el que las entidades públicas tienen la autonomía de hacer transferencias a organizaciones privadas sin el control de Contrataciones Públicas.

“Eso (lo que hizo la Gobernación) se da porque el segundo grupo de contratos se hace por fuera de Contrataciones Públicas, sin ningún tipo de control de alguna entidad como la DNCP o Contraloría, si es que existe proceso previo al contrato. Esos contratos, celebrados después de una sanción, se realizan con recursos del rubro 800 que no pasan y no son ejecutados a través de la Ley de Contrataciones Públicas”, explicó Seitz, puntualizando que los casos excepcionales son las meriendas y los almuerzos escolares.

En consecuencia, Contrataciones no puede intervenir para investigar estas transferencias.

Ayer, Fiscalía no descartó incluir el lavado de dinero en la causa abierta a González, quien fue imputado junto con otras 14 personas por el aparente despilfarro de G. 6.382 millones (US$ 1.000.000) de un fondo de emergencia sanitaria por COVID-19, que el Poder Ejecutivo otorgó a la Gobernación de Central para contrarrestar los efectos de la pandemia.

Además de Rivas Bogado y Rivas Riveros, aparece ligada a Tekove una persona de nombre Amelio Rodríguez Ruiz Díaz, quien sería representante legal de Tekove, de acuerdo al portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

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