Hugo Javier no justificó el uso de más de G. 18.345 millones, según CGR

Más de G. 18.345 millones del rubro 800 transferidos en el año 2019 a ONG no fueron justificados por el imputado Hugo Javier González (ANR, cartista). Así lo revela el informe final de auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) y otra causal para la intervención de la gestión del jefe departamental. La Fiscalía ya abrió una nueva investigación contra el exanimador de fiestas.

Facsímil del listado de instituciones educativas y ONG beneficiadas con los fondos en el año 2019.
Facsímil del listado de instituciones educativas y ONG beneficiadas con los fondos en el año 2019.

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El informe final de la Contraloría General de la República (CGR) sobre la verificación especial a la ejecución presupuestaria de la Gobernación de Central, a cargo del imputado Hugo Javier González (ANR, cartista), en el ejercicio fiscal 2019 arrojó seis observaciones contundentes sobre la transferencia de más de G. 18.345 millones (alrededor de US$ 2.600.000 al cambio actual). Los recursos corresponden al rubro 800 repartidos a instituciones educativas y privadas.

La auditoría del ente de control se realizó por pedido de los concejales departamentales, atendiendo las múltiples denuncias de irregularidades a la gestión del exanimador de fiestas. Y es que González a su llegada a la institución departamental puso en marcha una especie de repartija de fondos públicos a ONGs sin la justificación debida, según los antecedentes.

La primera observación de la CGR precisamente dice que la Gobernación de Central no remitió al ente contralor el listado de personas físicas, asociaciones, entidades, instituciones nacionales y/o asociaciones sin fines de lucro o con fines de bien social que recibieron aportes durante el ejercicio fiscal 2019. La institución departamental debía remitir la lista a más tardar en febrero de cada año, según el Art. 9 de la resolución del ente de control N° 951/09.

Igualmente, la ley N° 6258/19 “Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el año 2019″ establece en el artículo 7 que los organismos y entidades del Estado deberán llevar un registro de las entidades beneficiarias de aportes y transferencias recibidas. Además, serán las responsables de custodiar y tener a disposición de los órganos de control los documentos e informaciones.

En otra observación, la CGR detectó que las entidades beneficiadas con las transferencias de la Gobernación de Central no presentaron los formularios B-01-01-A “Planilla de Rendición de Cuentas-Entidades Sin Fines de Lucro” por G. 9.288 millones y sus correspondientes documentos de respaldo, por G. 18.345 millones.

En este sentido, otro punto cuestionado por el ente de control es que la institución departamental transfirió en el año 2019 los G. 18.345 millones a las entidades sin fines de lucro, sin verificar que las mismas cumplan con el requisito previo de presentar sus respectivas rendiciones de cuentas a la CGR.

Igualmente, la Gobernación de Central transfirió fondos de los rubros 831, 842 y 874 no habilitados para esos fines, según el clasificador presupuestario, por más de G. 2.278 millones al Consejo Regional de Salud.

CIAP, la mimada

La Gobernación de Central otorgó en el año 2019 transferencias, con fondos de los rubros 831, 842 y 874 por más de G. 6.539 millones al Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), ONG presidida por el imputado Tadeo Álvarez sin cumplir los requisitos dispuestos en el decreto N° 1145/19 “Guía de Normas y Procesos del PGN 2019″ Anexo A-Capítulo 02 punto 02-02 Transferencias a Entidades Sin Fines de Lucro y Personas Físicas, artículo 5° Procedimientos, incisos a.2) y b) y para todo tipo de actividades que no se ajustan con los fines de la entidad sin fin de lucro, incumpliendo el Art. 9 de la ley Nº 6258/19 “Que aprueba el Presupuesto General para el ejercicio fiscal 2019″.

En otro punto, el ente de control también observó que la ONG CIAP recibió transferencias de la Gobernación de Central y del Ministerio de Hacienda, en contravención al artículo 7° Inciso g) de la ley que aprueba el presupuesto general del 2019.

Dicho articulado prohibe recibir transferencias de dos instituciones del Estado. La entidad aparece con un desembolso de G. 20 millones de la cartera de Hacienda, entre setiembre y octubre de 2019.

Otra causal

Este informe final de la CGR sobre el presunto mal uso de G. 18.345 millones es otra causal del pedido de intervención de la gestión del exanimador de fiestas. Los ediles departamentales habían incluido el resultado junto con el acta de imputación contra Hugo Javier y otras 14 personas por lesión de confianza, asociación criminal y otros presuntos hechos punibles.

Este primer proceso penal contra el jefe departamental es por la aparente mala utilización de G. 6.382 millones (US$ 1.000.000) del fondo covid recibidos en el año 2020. Sobre los G. 18.345 millones del 2019, la fiscalía ya abrió otra causa y justamente el viernes último realizó un allanamiento en la sede departamental.

Ampliación de imputación

El fiscal Juan Ledesma a cargo de la nueva investigación por el presunto mal uso de G. 18.345 millones transferidos en el año 2019, no descartó ampliar la imputación contra el jefe departamental. Explicó que el informe final del ente de control evidencia la falta de documentación sobre ese monto. Sin embargo, no se descarta indagar sobre los desembolsos realizados en 2020. Entre los dos años, la gobernación repartió alrededor de G. 50.000 millones.

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