Mariano Sopeña (26 años) denuncia que personas extrañas ingresaron el fin de semana al inmueble y comenzaron a talar los árboles que su difunto padre Ángel Sopeña plantó en el lugar hace más de 20 años. Denunció que se hizo remoción del suelo cerca de una naciente ubicada alrededor de un tacuaral.
La directora de Medio Ambiente de la Municipalidad de Luque, Helen Núñez, afirmó que no se otorgó ningún permiso para la tala de árboles que menciona el denunciante, y prometió que mañana se fiscalizarán los trabajos realizados en la propiedad.
El inmueble tiene un área de casi cinco hectáreas y está ubicado sobre la calle Leonismo Luqueño del Cuarto Barrio, a tres cuadras del tramo principal General Aquino, en las inmediaciones de la Fuerza Aérea Paraguaya. Está valuado actualmente en más de US$ 4 millones.
El pasado jueves, Mariano Sopeña y su hermano Pedro fueron desalojados del inmueble mediante un mandamiento del 23 de abril de 2021, firmado por la actuaria judicial Mouriel Vera y la jueza de Paz en lo Civil, Comercial y Laboral Fátima María Luisa Vera, del Juzgado de Asunción, quien falleció en mayo de este año.
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En ese juzgado varios funcionarios están siendo investigados por falsificación de firmas.
El despojo sería el resultado de un supuesto juicio hecho en Asunción, en la causa caratulada como “Ema Nilza Turo Martínez c/ Formasa SA”, en el que supuestamente presentadó un pagaré falso, como hicieron otras personas en otras dos causas. Inicialmente el supuesto pleito fue demandado en Luque, pero inexplicablemente fue a parar a Asunción.
Ema Nilza Turo es funcionaria del Tribunal Superior de Justicia Electoral.
Marco Bogado, abogado de la familia Sopeña, se presentó en el Juzgado de Asunción, donde aseguran que el juicio no se desarrolló en esa jurisdicción y que ni siquiera existe el expediente.
Sopeña y su familia sospechan que el clan González Daher está detrás de las maniobras.
En enero de 2020 la propiedad fue intervenida por la Fiscalía de Luque por procesamiento ilícito de residuos, luego que la Municipalidad de Luque denunciara que el lugar era un criadero de mosquitos. La familia Sopeña debía G. 100 millones en concepto de impuestos inmobiliarios y tuvo que pagar una multa de G. 280 millones por el proceso judicial.
Sin embargo, fuentes aseguran que la verdadera intención de la Comuna era llevar a remate el inmueble porque supuestamente el intendente Carlos Echeverría (ANR, Partido Colorado) estaba interesado en él.
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