Plantean prohibir la suspensión o el corte de servicios públicos

La diputada Roya Torres (PLRA) presentó un proyecto de ley que prohíbe la suspensión o corte de servicios públicos por falta de pago, hasta el 30 de mayo del 2022. Ante la temida tercera ola a causa del covid-19.

Roya Torres (PLRA, Bancada  C). Diputada por Alto Paraná y autora del proyecto de ley que será girado a comisiones.
Roya Torres (PLRA, Bancada C). Diputada por Alto Paraná y autora del proyecto de ley que será girado a comisiones.

El proyecto de ley de un sólo artículo propone que la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. (Essap) y otras empresas prestadoras de servicio de energía eléctrica y agua corriente no podrán disponer la suspensión o el corte de sus respectivos servicios a los usuarios de dichos servicios. Asimismo, en caso de mora o de falta de pago de hasta cinco facturas consecutivas o alternadas con vencimiento desde el 1 de enero del 2022.

Se establece además que quedan comprendidos los usuarios con aviso de corte en curso. “Si un usuario accediera a un plan de facilidades de pago en las condiciones que establezca la reglamentación, se considerará a los efectos de la presente, como factura pagada”, señala parte de la norma en estudio.

También el proyecto de ley plantea que estas obligaciones se mantendrán desde el 1 de enero hasta el 30 de mayo del 2022, prorrogable por 180 días por el Poder Ejecutivo, según evaluación de la evolución de la situación económica y de la pandemia.

Señala que en ningún caso la prohibición alcanzará a aquellos cortes o suspensiones dispuestos por las prestadoras por razones de seguridad, conforme sus respectivas habilitaciones y normas que regulan la actividad.

La diputada Torres (PLRA) declaró que durante un año no se cortó el suministro de energía eléctrica a los morosos, luego aplicaron el corte a las facturas vencidas a partir de cinco meses y desde ahora volverán a la normalidad, dejando sin servicio a los usuarios que tengan hasta tres facturas vencidas dejando desamparadas a miles de familias.

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