“Cucho” Cabaña seguirá preso en Emboscada pese a millonaria fianza

Por sexta vez la jueza de Garantías Alicia Pedrozo rechazó el pedido de libertad y confirmó la prisión preventiva para el acusado por supuesto tráfico de drogas Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña Santacruz, preso desde el 6 de setiembre de 2018. El procesado participó de la audiencia de revisión de medidas por medios telemáticos, desde la cárcel de Emboscada, donde cumple actualmente la medida cautelar.

La revisión de medidas fue solicitada por “Cucho” a través del abogado Pedro Wilson Marinoni. En principio la audiencia se había fijado para el pasado jueves 23 de diciembre, pero no se pudo sustanciar porque la defensa no completó la documentación de los inmuebles que ofrecía como fianza real.

En consecuencia, la diligencia se convocó nuevamente para hoy y la fiscala Lorena Ledesma, de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico, no pudo participar de la misma, debido a que le coincidió con un juicio oral en otro caso de presunto tráfico de drogas.

Como fianza real para el arresto domiciliario la defensa de Cabaña Santacruz ofreció dos inmuebles, uno ubicado en la ciudad de Mariano Roque Alonso y el otro en el distrito de Juan León Mallorquín (Alto Paraná), ambos están valuados en poco más de G. 3.550 millones.

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Además, para garantizar el sometimiento del acusado al presente proceso judicial, el abogado Pedro Wilson Marinoni ofreció una fianza personal del señor Ramón Santacruz Rojas, tío de “Cucho”, por la suma de G. 1.000 millones.

La defensa también presentó copias de resoluciones de la Cámara de Apelaciones, señalando que en otras causas los tribunales de Alzada otorgaron medidas alternativas a la prisión a los acusados, con el argumento de que “el peligro de fuga se puede evitar con una fianza suficiente y con un control aleatorio de la Policía Nacional”, según explicó Marinoni.

Si el Juzgado de Garantías atendía el pedido de la defensa, “Cucho” Cabañas iba a fijar domicilio en la vivienda de su tía Sara Santacruz, ubicada en la ciudad de Fernando de la Mora.

Argumentos de la jueza

Ante el argumento de la defensa, que el acusado ya superó los 2 años que el Código Procesal Penal, en su artículo 242, establece como tiempo máximo para la prisión preventiva, la jueza Alicia Pedrozo fundamenta que la alta expectativa de pena constituye uno de los elementos a ser considerados para evaluar el peligro de fuga, significando además que el considerando el Artículo 19 de la Constitución Nacional, “no estaríamos ante un compurgamiento de la pena mínima”, atendiendo que la pena minina de las mayorías de los artículos mencionados van de cinco años en adelante.

La magistrada señala también que persiste el peligro de fuga, teniendo en cuenta la envergadura de la presente causa hace referencia al tráfico internacional de drogas. Es decir, el hecho atribuido “excede las fronteras nacionales y además debe considerarse el valor todos los bienes muebles e inmuebles que fueran incautados, lo que hace que a criterio del Juzgado la caución ofrecida no sea suficiente para garantizar el sometimiento del imputado en caso de una eventual imposición de medidas sustitutivas a la prisión preventiva”.

Por último Pedrozo resalta que, según el relato del Ministerio Público el acusado sería el líder de una organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas, y de integración de activos provenientes del narcotráfico al sistema paraguayo.

Al respecto la jueza de Garantías agrega que no existen elementos nuevos que desvirtúen los fundamentos expuestos en ocasión de decretar la prisión preventiva del encausado.

Acción de la fiscalía sigue pendiente en la Corte

El operativo Berilo que desarticuló una organización dedicada supuestamente al tráfico internacional de drogas, fue ejecutado en Ciudad del Este el 6 de setiembre de 2018, con más de 20 allanamientos que estuvieron a cargo de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico y agentes de la Senad.

El 13 de setiembre del 2019, la Fiscalía acusó a Cucho Cabaña por narcotráfico y a otras 23 personas por distintos delitos, entre ellos el diputado colorado Ulises Quintana, acusado por lavado de dinero y asociación criminal.

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A la fecha, no se ha podido realizar aún la audiencia preliminar, debido a que el caso sigue trabado en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que debe resolver una acción de inconstitucionalidad planteada por el fiscal adjunto Marco Alcaraz hace dos años, específicamente el 9 de diciembre de 2019.

El Ministerio Público accionó contra una resolución dictada por el Tribunal de Apelación, 1ª sala, que revocó la decisión de la jueza penal de garantías Alicia Pedrozo, quien amplió el plazo para que la Fiscalía presente las pruebas que acompañan la acusación del caso.