Termina otro año sin que imputen a nadie en el caso del fallido metrobús

La fiscala Esmilda Álvarez, quien interina el caso tras una recusación a su colega Natalia Silva, señaló ayer que por fin podrán realizar “en breve” la pericia de este caso. “Por fin vamos a hacer la pericia, menos mal que ahora ya tenemos un perito y vamos a notificarle a las partes para que también pongan sus peritos. Eso es todo lo que puedo adelantar por ahora”, expresó ayer a ABC Color Álvarez.

El 28 de mayo de 2018, el ingeniero Herman Pankow, presentó la primera denuncia penal sobre el fiasco metrobús en el Ministerio Público, en representación de los frentistas que se vieron perjudicados por la traumática obra. Sin embargo, hasta la fecha ninguno de los denunciados fue imputado y las pesquisas avanzan lentamente.

La denuncia del ingeniero fue en contra del exministro Jiménez Gaona, la exviceministra de finanzas, Marta Benítez Morínigo, y el exrepresentante del Banco Interamericano (BID) en Paraguay, Eduardo Almeida, por el supuesto hecho de lesión de confianza. Luego fue ampliada en varias ocasiones en la que incluyeron al exjefe de gabinete del MOPC, Esteban Sarubbi Lutz, por enriquecimiento ilícito y a Guillermo Alcaraz, por usurpación de funciones públicas.

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También agregó entre los denunciados al exviceministro de Obras, Juan Manuel Cano, y a otro funcionario del BID (financista de la fallida obra).

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Lluvia de denuncias

En enero de 2019, el senador liberal Enrique Salyn Buzarquis presentó otra demanda penal contra Jiménez Gaona, también por la presunta lesión de confianza y estafa. Esta carpeta se incluyó en la denuncia de Pankow. Asimismo, la Comisión Bicameral del Congreso, que igualmente investigó el fallido plan, también remitió su informe final a la Fiscalía General del Estado. En este caso, se elaboraron tres dictámenes, los cuáles también revelaron un manejo desprolijo en la ejecución de la obra.

También la Contraloría General de la República (CGR) remitió a la Fiscalía los resultados de la auditoría que realizó al fracasado metrobús, en la que se reveló aparentes hechos punibles. Este informe que cuenta con 88 observaciones y 415 páginas de escritos, identificó varios posibles hechos punibles, tales como pagos irregulares, obras mal ejecutadas y numerosas anomalías.

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El MOPC pagó más de US$ 30 millones a la portuguesa Mota Engil, firma que avanzó apenas cerca del 30% de lo proyectado en el metrobús. A esta firma le adjudicaron los tramos 2 y 3 (12 km de la ruta Mariscal Estigarribia y avenida Eusebio Ayala) por US$ 54 millones, en febrero de 2016, pero se incrementó 35%, a través de una adenda, llegando a US$ 72,7 millones. En octubre de 2018, Mota abandonó las obras y luego demandó al Estado en un arbitraje internacional, que sigue su curso. Pretende cobrar otros US$ 25 millones (ver infografía).