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Fiscal debe definir culpabilidad de funcionarios en secado de humedal

Este artículo tiene 4 años de antigüedad
Una de las áreas modificadas del humedal que protege al lago en la compañía Ciervo Cua.
Una de las áreas modificadas del humedal que protege al lago en la compañía Ciervo Cua.abc color

La Unidad 2 de la Fiscalía de Delitos contra el Medioambiente investiga la responsabilidad de funcionarios del Mades en el otorgamiento de la licencia ambiental en las obras de rellenado de un sector de humedales del lago Ypacaraí en San Bernardino. Hoy habría novedades al respecto, de acuerdo a un “optimista” abogado de la parte denunciada, Rolando Villar.

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La fiscala Liza Martínez es titular de la Unidad 2 de la Fiscalía de Delitos Ambientales. Hace dos semanas la Comisión Nacional de Manejo y Gestión del Lago Ypacaraí y su cuenca (Conalaypa) y autoridades de la Municipalidad de San Bernardino denunciaron la realización de obras de relleno de los humedales en contravención de lo estipulado en la Ley Nº 5256 De Área Silvestre Protegida.

La fiscala Martínez debe determinar el grado de responsabilidad de los funcionarios del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) que firmaron las resoluciones para el otorgamiento de licencia ambiental para obras realizadas por el empresario Christian Domínguez en la compañía Ciervo Cua de San Ber.

El rellenado comenzó a intensificarse el 20 de diciembre y se realiza con el objetivo de secar un sector de los humedales al costado de la ruta San Ber-Luque. Es una alteración ambiental que forma parte de un proyecto de urbanización en la Fracción II - San Bernardino impulsado por Domínguez, que hacia otro costado de la mencionada ruta construye un complejo habitacional.

En la zona de trabajo, a 200 metros del lago Ypacaraí, existe una exuberante vegetación y fauna, además de un cauce hídrico.

El director de la Conalaypa, Renato Maas, dijo que el 20 de diciembre, cuando se iniciaban los trabajos, se pudo verificar que la mencionada obra cuenta con la autorización del Mades, mediante la Resolución Nº 2279/2020. Este permiso colisiona contra la Ley Nº 5256 vigente desde el año 2014 y que “Declara como área silvestre protegida en dominio público y privado con la categoría de manejo reserva de recursos manejados al lago Ypacaraí y el sistema de humedales adyacentes”.

“Específicamente, en su artículo 6, la ley indica que por un periodo de 10 años o hasta que el cuerpo del agua quede recuperado, queda prohibida toda actividad de cambio de uso de suelo del sistema de humedales que acompañan al lago”, subrayó Maas.

También dijo que la Ley 5256/14 en su artículo 6 prohíbe todo tipo de actividades de cambio de uso de suelo en los humedales del lago Ypacaraí y otros adyacentes.

Recién el 3 de enero último, por decisión del Mades, fueron suspendidas las obras en 13 de los 16 terrenos de la zona afectada.

Según el representante de Domínguez, el abogado Rolando Villar, ayer los trabajos estaban en etapa de finalización en los tres terrenos.

También destacó con optimismo que hoy se sabrá la resolución de la fiscalía con respecto a la denuncia.

En todo momento afirmó que las obras fueron aprobadas y que su cliente tiene la documentación que avala que los trabajos son regulares.

Intentamos hablar al respecto con la fiscala Liza Martínez, pero no contestó nuestras llamadas y mensajes.

Exintendente y jueces, cómplices

El Plan de Manejo para el “Proyecto, regularización y equiparación de terreno” fue aprobado en el año 2015 por la comuna de San Bernardino, durante la gestión de Ramón “Tati” Zubizarreta (PLRA). El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) fue otorgado en 2016 por el Mades y renovado en el 2020. El sucesor de Zubizarreta, Luis Aguilar (PLRA), revocó el permiso, pero los dueños del inmueble recurrieron a la Justicia y fueron favorecidos por los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Carolina Llanes, Manuel Ramírez Candia y Luis María Benítez Riera.

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