Denuncian deforestación en zona de conflicto de tierra en Canindeyú

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Maquinaria que fue intervenida por campesinos e indígenas en la zona de Veraró, Canindeyú.
Maquinaria que fue intervenida por campesinos e indígenas en la zona de Veraró, Canindeyú.

CURUGUATY. Líderes nativos y campesinos denunciaron la deforestación de un área aproximada de 70 hectáreas dentro de una propiedad de 1.300 hectáreas en litigio entre indígenas y un poblador en la colonia Veraró, distrito de Maracaná.

Eliodoro Martínez, principal líder de la comunidad Veraró, dijo que intervinieron días atrás cuatro máquinas en pleno trabajo, en compañía de un grupo de aproximadamente 100 personas, y lograron repeler a los trabajadores, quienes no quisieron precisar el nombre de la persona que ordenó los trabajos.

Ante la indefinición sobre las tierras en el ámbito de la justicia, los indígenas decidieron ingresar y poblar la propiedad, construyendo viviendas y varias parcelas de diversos cultivos. Según el dirigente Antonio Vargas, unas 50 familias en su mayoría de la colonia Fortuna ya están asentadas en el lugar actualmente. “Ayer recibieron ayuda del intendente de Maracaná, José Cantero. Llevó carpas, entre otras cosas”, precisó.

Al respecto, el agente fiscal del Medio Ambiente, Demetrio Bareiro, dijo que ya se constituyó en el lugar e identificó al supuesto responsable de los trabajos, que sería un tal Ronaldo Asunçao, pero aclaró que la propiedad figura a nombre de Carlos Villalba, un poblador de Asunción. El representante del Ministerio Público informó que ya abrió una carpeta de investigación al respecto.

Antecedentes

El inmueble de 1.300 hectáreas abarca los municipios de Curuguaty y Maracaná. A raíz del conflicto, la jueza Gladys Mabel Solís había dictado una medida de no innovar sobre el inmueble, en fecha 4 de enero del 2019. Pero antes que dar alguna solución a la desavenencia, agravó la situación, porque los indígenas denunciaron la supuesta realización de trabajos con máquinas pesadas en la propiedad.

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El 19 de febrero del mismo año se produjo un enfrentamiento con armas de fuego, donde resultó herido un guardia de seguridad. En esa oportunidad, los miembros de la Federación Nacional Campesina (FNC) ayudaron a los indígenas para la destrucción de las alambradas y lograron incautar un arma de fuego de los guardias que fue entregada a la fiscalía.

Mientras, los indígenas aseguran que viven en el lugar desde hace más de 30 años, pero los representantes de Villalba afirman que este último compró las tierras del Banco Oriental en quiebra y que el título que presentó el Indi tendría orígenes espurios. En varias oportunidades, delegaciones oficiales se constituyeron en el lugar, pero nunca pudieron dar solución al conflicto que podría desembocar en una masacre en cualquier momento, según temen los lugareños.