Esta mañana se llevó a cabo la audiencia de imposición de medidas fijada por la jueza María Elena Cañete, para Javier Marcelo Rojas Giménez, director general de Administración y Finanzas de la Gobernación de Central, en el Juzgado Penal de Garantías de San Lorenzo.
La magistrada otorgó para el funcionario arresto domiciliario por falta de arraigo. Además, según datos, la defensa no adjuntó ninguna garantía suficiente que haga suponer al Juzgado de que el mismo se someterá al proceso penal. Las medidas podrán ser reformables en cualquier etapa del proceso, de hecho, el representante legal de Rojas, ya advirtió que solicitará revisión de medidas.
Rojas Giménez fue imputado el 1 de noviembre de 2021 por los fiscales Rodrigo Estigarribia, Luis Said y Francisco Cabrera, en la causa que se investiga sobre la ejecución de US$ 1.000.000 (G. 6.382 millones), fondo covid-19, que el Ejecutivo otorgó a la Gobernación de Central administrada por el cartista Hugo Javier González, también imputado. La Fiscalía especialidad en Delitos Económicos solicitó que ninguno de los 15 imputados en el caso vuelva a ingresar a la institución departamental.
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Javier Marcelo, ahora exdirector financiero de la institución departamental, fue imputado con base en los elementos de sospecha, ya que el mismo sería cómplice en los hechos punibles de lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y como coautor de una asociación criminal.
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Próximas audiencias
El Juzgado Penal de Garantías de San Lorenzo fijó fecha de audiencia de imposición de medidas para siete procesados que no presentaron ninguna chicana. El primero en ser convocado fue Javier Marcelo Rojas Giménez, director general de Administración y Finanzas de la Gobernación.
Para el día 21 de febrero deberá presentarse ante el mismo Juzgado, Armando Adolfo Soler, secretario de Obras Públicas. También para el 22 de febrero fue convocada Modesta Valiente Escobar, funcionaria de la Dirección de Administración y Finanzas.
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Asimismo, deberá comparecer el 23 de febrero el contratista José Félix Grau Fernández, el 24 de febrero el proveedor Óscar Gaete, para el 25 de febrero fue citado Adalberto Benítez Aguilera, exjefe del Departamento de Fiscalización de Obras de la Gobernación y el 2 de marzo debe asistir Lourdes Verónica Lezcano, secretaria general de la Gobernación de Central.
Jueza ratificó imputación del gobernador
La jueza María Elena Cañete rechazó el pasado 4 de febrero el pedido de nulidad de la imputación del gobernador de Central, el cartista Hugo Javier González. De esta manera se ratifica la validez de los supuestos hechos de lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, que pesan contra al administrador departamental.
Debido a las innumerables chicanas presentadas por la defensa de Hugo Javier, representada por los letrados Andrés Casati, Arturo Daniel y Fausto Portillo, la audiencia de imposición de medidas para el examinador de fiestas, aún no se realizó. El Tribunal de Apelaciones ya advirtió a los abogados para que ejerzan la defensa del imputado de forma correcta.
También, los fiscales de la causa, Rodrigo Estigarribia, Diego Arzamendia, Francisco Cabrera y Luis Said, solicitan a las instancias correspondientes “advertir a los abogados chicaneros”, ya que varios recursos que fueron presentados carecen de fundamentos y no se ajustan al proceso penal, ya que la única intención sería dilatar el debido proceso.
Antecedentes del caso
En diciembre del 2020 el Ejecutivo otorgó G. 6.382 millones, fondo covid-19, a la Gobernación de Central, para generar fuentes de trabajo en el Departamento Central durante la pandemia. El gobernador Hugo Javier repartió todo el dinero y entregó G. 5.105 a la ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), presidida por Tadeo Álvarez (también imputado) y G. 1.276 millones al Consejo Regional de Salud representada por el doctor Hugo Cabrera.
En las rendiciones de cuentas aparecen facturas clonadas entre otras anomalías. Además mediante una auditoría quedó demostrado que incluso el gobernador Hugo Javier, reemplazó varios comprobantes en una rectificación de la primera rendición. Estas y otras anomalías contemplan el informe final de auditoría hecha por la Contraloría General de la República (CGR).
También, en la primera etapa de la investigación, la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE), confirmaron cada una de las irregularidades publicadas por este medio, en torno a la ejecución del fondo covid.