Condenan a 5 años de cárcel a exintendente por desvío de royalties y Fonacide

El exintendente de Arroyito, Samuel González Valdez (ANR), fue condenado a 5 años de prisión por los hechos punibles de lesión de confianza, con recursos del Fonacide y royalties; y uso de documentos no auténticos. El perjuicio ocasionado a la comuna del distrito de Concepción asciende a la suma de G. 722.600.000, según se probó en el juicio oral y público.

El exintendente de Arroyito Samuel González Valdez (camisa azul) escucha el fallo del Tribunal de Sentencia.
El exintendente de Arroyito Samuel González Valdez (camisa azul) escucha el fallo del Tribunal de Sentencia.gentileza

El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, integrado por las juezas Yolanda Portillo (presidenta), Elsa García y Yolanda Morel, resolvió por unanimidad condenar a 5 años de cárcel al exintendente de Arroyito Samuel González Valdez por los hechos punibles de lesión de confianza con recursos del Fonacide y royalties; y uso de documentos no auténticos.

Pese a ser condenado a 5 años de pena privativa de libertad González Valdez no irá a la cárcel y continuará con medidas alternativas a la prisión hasta tanto el fallo dictado en primera instancia quede firme, por disposición del Tribunal de Sentencia.

“Tragada” de royalties y Fonacide por casi G. 723 millones

El fiscal anticorrupción Silvio Corbeta, quien solicitó una condena de 6 años para exjefe comunal, probó en el juicio oral que entre el 2018 y 2019 González Valdez ejecutó cuatro obras con recursos del Fonacide, en instituciones educativas de Arroyito; junto a otras cuatro más con fondos provenientes de los royalties de la Itaipú Binacional.

La Contraloría General de la República, en cumplimiento de la orden del Ministerio Público, verificó las obras y constató que cinco de ellas fueron abonadas conforme a lo contratado por la comuna de Arroyito, a las actas de recepciones definitivas y a las órdenes de pago. Sin embargo las construcciones no fueron ejecutadas.

Para el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos no hay dudas que existió connivencia entre González Valdez y los demás procesados en la causa, quienes en conjunto ocasionaron un perjuicio patrimonial de G. 722.600.000 a la comuna concepcionera, con las “obras fantasma”.

Resaltó que en una de las instituciones educativas, en la que el comedor estaba con peligro de derrumbe del techo, el entonces intendente Samuel González Valdez autorizó la construcción de un nuevo salón, pagó por la obra, pero esta no se ejecutó.

En cuanto al uso de documentos no auténticos, la presidenta del tribunal de sentencia explicó que para dar una apariencia de legalidad a sus actuaciones y disimular el destino de los fondos públicos, el exintendente de Arroyito utilizó recibos, contratos, actas de recepción provisoria y definitiva, así como otros documentos firmados por una persona que no figuraba como su autor.

Beneficiados con salidas procesales

De los seis acusados por el Ministerio Público en la causa, solo el intendente González afrontó juicio oral, ya que los procesados Martín Dávalos Carmona, Claudio Bartolomé González y Alen Elpidio Cardozo se sometieron a un procedimiento abreviado, admitieron el hecho y fueron condenados a 2 años de pena con suspensión a prueba de la ejecución de la condena.

La salida procesal fue solicitada por la defensa y el fiscal Osmar Legal se allanó al planteamiento. Como reglas de conducta, los beneficiados tienen prohibido salir del país y cambiar de domicilio sin dar aviso al juez, y están inhabilitados para el ejercicio de la función pública.

Como reparación del daño ocasionado, los mismos deberán donar mensualmente la suma de G. 2 millones, al Hospital de Concepción, durante dos años.

El procesado Silvano Ortiz obtuvo el sobreseimiento provisional; mientras que la funcionaria municipal Estela González de Sánchez, quien se presentó la semana pasada para la audiencia, también se sometió al procedimiento abreviado y fue condenada a 2 años con suspensión a prueba de la ejecución de la pena.

El único que sigue en estado de rebeldía y con orden de captura es el acusado Lino Ozuna Fernández, uno de los contratistas encargado de las obras.

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