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El ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, en conferencia de prensa anunció que desde el Ejecutivo se está impulsando la elaboración de un proyecto de ley que busque evitar el aumento de gastos rígidos y el recorte de ingresos tributarios durante años preelectorales.
Mencionó que estos proyectos son los que buscan reducir las tasas impositivas y el régimen de frontera, así como la eliminación del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a combustibles y del Impuesto del Valor Agregado (IVA) a los productos de la canasta familiar. También señaló que con esta iniciativa buscan evitar al aumento salarial a actuarios judiciales, que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados, pues indicó que dicha medida para este sector podría dar paso a la solicitud de incremento por parte de otros gremios.
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Según argumentó, esta iniciativa surge debido a que existe preocupación en el Gobierno porque en el Congreso se está analizando la aprobación de algunos proyectos de ley que podrían aumentar el déficit fiscal y comprometer la estabilidad macroeconómica en el marco de una coyuntura económica desfavorable por la pandemia del COVID-19 y la sequía. “Esto puede poner en riesgo el cumplimiento de ciertos programas y ciertas acciones aprobadas dentro del Presupuesto”, declaró.
Precisó que el perjuicio total podría alcanzar los US$ 700 millones, ya que si se aprueban los proyectos aumentaría el déficit fiscal de 3 a 4,6% y reduciría un 10% de los ingresos tributarios.
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Una ley permanente
Llamosas afirmó, en otro momento, que la intención es que la ley en estudio, además de evitar durante este 2022 la aprobación de las iniciativas legislativas mencionadas, tenga una vigencia permanente y que sirva como un “precedente” principalmente en los años preelectorales.
Agregó que, si bien se busca convencer a los legisladores, socializarán las medidas a incluirse en dicho proyecto de ley con todos los sectores económicos. También comentó que ya “alertaron” a los senadores y diputados sobre el riesgo que implica la aprobación de los iniciativas mencionadas.
Con relación a si existe un acuerdo asumido de aumento salarial por parte de instituciones del Gobierno con algunos gremios, el ministro de Hacienda refirió que lo desconoce. Por su parte, el jefe de Gabinete Civil, Hernán Huttemann, señaló que las reuniones de ministros y otras autoridades no representan un compromiso del Ejecutivo de aprobar dichos incrementos.
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Asimismo, remarcó el rechazo del Gobierno a la aprobación de estos proyectos. “Bajo ningún punto de vista, la estabilidad macroeconómica puede ser puesta en riesgo. Por más de que sabemos que existen reivindicaciones legítimas y pedidos legítimos, el momento no nos permite arriesgar la situación macroeconómica”, declaró.
Sector privado acompaña
El anuncio de las autoridades del Ejecutivo se realizó luego de una reunión con representantes del sector privado, quienes se manifestaron a favor de la iniciativa del Gobierno y señalaron que intervendrán desde su sector para evitar el riesgo sobre la economía. “Vamos a ir comunicando caso a caso las incidencias de estos proyectos de ley. Vamos a salir fuertemente de los sectores a cuestionar y defender la estabilidad macroeconómica”, sostuvo el presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte.
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El presidente de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), Beltrán Macchi, instó a que “tratemos de evitar estos proyectos de ley que cambian un poco la ecuación fiscal, la ecuación tributaria y de los gastos”.
Por su parte, el exministro de Hacienda Manuel Ferreira advirtió que el impacto negativo de la pandemia en nuestra economía demandará un proceso de estabilización que podría durar 5 años más. Así también, señaló que “desordenar la política fiscal es una afrenta a los paraguayos” y agregó que un eventual incremento del déficit fiscal derivaría en aumento de impuestos “que vamos a tener que hacer frente todos” para cubrir la reivindicación de algunos sectores.
El Ministerio de Hacienda informó que al cierre del año 2021 el déficit fiscal alcanzó 3,6% (alrededor de US$ 1.458,9 millones) del Producto Interno Bruto (PIB). El gasto salarial en la administración pública, por su parte, en febrero de este 2022 aumentó 9,1% con respecto al mismo mes del año pasado.