El pasado martes 29 de marzo, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior, remitió un pedido de intervención de la Gobernación del Guairá, a cargo del cartista Juan Carlos Vera, a la Cámara de Diputados por presuntas irregularidades en el desembolso de recursos públicos destinados para la reactivación económica y ayuda social durante la pandemia del COVID-19.
El presidente de la Cámara Baja, el también cartista Pedro Alliana, indicó que consideran que no amerita aún dar inicio al proceso de intervención debido a que no existe siquiera un informe de la Contraloría General de la República (CGR), pese a que dicho dictamen sería sólo uno de los requisitos que se establecen en la Ley 317 “Que reglamenta la intervención a los gobiernos departamentales y municipales”.
En conversación con ABC Cardinal, el director de Gabinete de la Contraloría General, Mario Florenciáñez, anunció que esta semana ya emitirán un dictamen sobre el primer desembolso de US$ 1 millón que recibió la Gobernación del Guairá como parte del fondo COVID. “Aún no hay dictamen, pero lo habrá esta semana. Ya está en borrador final; eso tiene una última revisión por el Departamento Jurídico y por el Departamento de Control Gubernamental y después ya sale”, sostuvo.
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Justificó, asimismo, la lentitud en la emisión del dictamen señalando que la intención es realizar un trabajo preciso. “Estamos cuidando detalles. Si hay algo que hacer como mea culpa es que muchas veces no tenemos la velocidad que se precisa, pero el tiempo demuestra que queremos hacer un trabajo bastante casi perfecto”, declaró.
Segundo dictamen
En cuanto al segundo desembolso -también de US$ 1 millón- que recibió dicha gobernación, sobre la cual ya existe una denuncia de presunta irregularidad en la ejecución por parte de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), comentó que “ya salieron las notas” relacionadas a las ONG.
El gobernador recurrió a una ONG para desembolsar G. 12.764 millones del fondo COVID. El gobernador cartista repartió los caudales públicos entre 17 entidades y las que recibieron mayor cantidad de dinero estaban integradas por funcionarios de la Gobernación.
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La SET descubrió que algunas obras a las que se destinaron los recursos ni siquiera existen y también denunció la falta de colaboración de funcionarios durante los allanamientos realizados en oficinas de la Gobernación.
La Junta Departamental aprobó el pedido de intervención el pasado 9 de febrero con 14 votos a favor y una abstención, fundamentado en denuncias de obras sobrefacturadas, inconclusas y malversación del dinero público. El gobernador Vera, por su parte, negó la existencia de facturas falsas, una de las irregularidades por las que se lo acusa, y señaló que las investigaciones en su contra son parte de una persecución política.