Hugo Javier acude ante la Justicia, luego de cinco meses de imputación

El imputado gobernador de Central, el cartista Hugo Javier González, deberá presentarse mañana, a las 08:30, al Juzgado de San Lorenzo para su audiencia de imposición de medidas, luego de cinco meses de la presentación del acta de imputación por parte de la Fiscalía. El exanimador enfrenta un proceso por supuesta lesión de confianza, asociación criminal, declaración falsa y otros por el presunto mal uso de los fondos covid.

Hugo Javier González, imputado gobernador de Central junto a el líder del movimiento Honor Colorado, Horacio Cartes.
Hugo Javier González, imputado gobernador de Central junto a el líder del movimiento Honor Colorado, Horacio Cartes.

La jueza de San Lorenzo, María Elena Cañete, fijó para mañana a las 08:30 la audiencia de imposición de medidas del imputado gobernador de Central, el cartista Hugo Javier González. El jefe departamental acude ante la justicia luego de las innumerables chicanas interpuestas por sus abogados defensores para eludir el proceso abierto por el Ministerio Público por el supuesto mal uso de los fondos covid.

González, al igual que los demás 16 jefes departamentales, recibió del Poder Ejecutivo a finales de diciembre un primer millón de dólares (G. 6.382 millones) para la reactivación económica tras las medidas sanitarias debido a la pandemia del covid-19. El dinero público debía ser invertido en obras de infraestructura para generar fuentes de empleo en los diferentes departamentos, según la Ley Nº 6641/2020 “De apoyo financiero a los gobiernos departamentales”.

El exanimador de fiestas apenas recibió el caudal público decidió volver a trasferir todos los fondos a las ONG. Así, repartió G. 5.105 millones al Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), presidido por Tadeo Andrés Álvarez, y G. 1.276 millones al Consejo Regional de Salud, representado por Hugo Cabrera.

La primera entidad “sin fines de lucro” fue beneficiada para los proyectos de “Construcción y mantenimiento de espacios públicos en el departamento Central”, por G. 3.036 millones y “Pavimentación asfáltica (y) empedrado en el departamento Central” por G. 2.042 millones, sumando los G. 5.105 millones. En tanto que el consejo recibió la plata para “Mantenimiento y refaccionamiento de entidades primarias de salud del departamento Central”.

Festín

Una investigación iniciada por la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y confirmada por el Ministerio Público encontró que el jefe departamental realizó un verdadero festín con el dinero público.

Una de las primeras irregularidades encontradas fue que la ONG CIAP, según su estatuto social, se dedica a la formación de personas en diferentes disciplinas (deportivas y otras) y no está capacitada ni habilitada para ejecutar proyectos de construcción. La fundación recibe fondos de la Gobernación desde el año 2019 y siempre para el mismo fin: construcciones.

También, según las pesquisas, el Consejo Regional de Salud opera de forma irregular ya que la Dirección de Descentralización del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social no reconoció a la ONG y no cuenta con registros de la conformación de su consejo directivo.

Las investigaciones igualmente descubrieron un esquema de facturas clonadas utilizadas para rendir el uso de los recursos públicos.

Los concejales departamentales liberales, Roque Jacinto Ávalos y Adrián Billy Vaesken, denunciaron el 2 de junio de 2021, que la rendición de cuentas de la ONG CIAP estaba plagada de aparentes irregularidades.

González, en un intento por desligarse del escándalo culpó a las ONG de las supuestas anomalías. Sin embargo, las evidencias y reiterados errores hicieron que el exanimador termine más embarrado en el caso. Fue así que la fiscalía luego de la presión ciudadana decidió presentar imputación.

De animador a gobernador

Hugo Javier González Alegre llegó a la jefatura del Departamento Central luego de ser conocido como el locutor Nº 2 y dedicarse a la animación de fiestas. Aprovechando esa popularidad consiguió, con el apoyo del expresidente de la República Horacio Cartes, convertirse en el primer gobernador colorado de la era democrática. En lo que va de su gestión, Hugo Javier tiene numerosas denuncias en su contra por el manejo poco claro de los recursos públicos recibidos. Igualmente, enfrentó un proceso por incumplimiento de medidas sanitarias al organizar una fiesta en plena cuarentena en la sede departamental.

Son quince los procesados

El acta de imputación presentada por los fiscales Rodrigo Estigarribia, Francisco Cabrera, Luis Said y Diego Arzamendia, es por los supuestos hechos punibles de lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, declaración falsa y asociación criminal. El proceso es contra 15 personas relacionadas a la Gobernación de Central y la ONG CIAP.

Según el documento, el gobernador Hugo Javier González Alegre “sería inicialmente autor, de los hechos punibles de lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos” y coautor de asociación criminal. El director general de administración y finanzas, Javier Marcelo Rojas; la secretaria general, Lourdes Lezcano; el secretario de obras públicas, Armando Adolfo Soler; el exjefe de tesorería, Luis Eduardo Allende; el asesor jurídico general, Édgar José Zaracho; el jefe del departamento de presupuesto, Guido Rolando Portillo (quien falleció el mes pasado); funcionaria de la Dirección General de Administración y Finanzas, Modesta Valiente; y el exjefe de fiscalización de obras, Adalberto Benítez.

Los otros imputados son el presidente de la ONG CIAP, Tadeo Andrés Álvarez, además del tesorero Paulino de los Santos Palacios y Nicolás Eduardo Álvarez Doria (sobrino de Tadeo). También aparecen tres proveedores de CIAP: Óscar Morel Oses, Félix Grau y Óscar Gaete Gómez.

El despilfarro de fondos públicos por parte de las gobernaciones obligó al Congreso a realizar modificaciones en el Presupuesto General de la Nación para este año. La senadora colorada Blanca Ovelar presentó un proyecto, ahora con fuerza de ley, para el recorte presupuestario del rubro 800 de transferencias de las instituciones departamentales.

Estudiantes, los afectados

El proyecto es muy bien visto porque ayudaría a cerrar el grifo de los gobernadores al momento de entregar recursos públicos a las ONG amigas o vinculadas. Sin embargo, en el caso de Central este corte fue utilizado como “garrote” por el imputado gobernador de Central, el cartista Hugo Javier González.

Y es que la Gobernación de Central mantenía el funcionamiento de 16 centros educativos departamentales municipales con más de 2.000 alumnos, dos centros culturales y un centro de la primera infancia (guardería), a través de transferencias del rubro 800. El recorte fue utilizado por el jefe departamental para dejar de pagar a los docentes y cubrir los gastos de los locales educativos.

En consecuencia, ahora los estudiantes podrían perder el año lectivo. Los alumnos por ese motivo días atrás realizaron una manifestación mediante la cual exigían la renuncia del imputado gobernador de Central y exanimador de fiestas, Hugo Javier González.

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