Piden suspensión del proceso a acusados por megaevasión

La fiscala adjunta de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, Soledad Machuca, ratificó la decisión de los fiscales de allanarse al pedido de suspensión condicional del procedimiento para la empresaria Liz Paola Doldán y otros procesados por evasión de impuestos con celulares de alta gama.

El fiscal Osmar Legal (c.) dirige uno de los 15 allanamientos del operativo Llamada, en el este.
El fiscal Osmar Legal (c.) dirige uno de los 15 allanamientos del operativo Llamada, en el este. Fue en julio del 2019 Archivo Abc.Archivo, ABC Color

Ante esta nueva postura de la Fiscalía Adjunta de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, el juez penal de garantías José Agustín Delmás no tiene más alternativa que disponer la suspensión condicional del procedimiento para la empresaria Liz Paola Doldán y los demás procesados en el caso conocido como megaevasión”.

Este proceso es una derivación del Operativo Llamada, realizado el 23 de julio del 2019, cuando fiscales y policías allanaron en forma simultánea 13 establecimientos de Ciudad del Este y dos de Asunción, en una investigación de evasión de impuestos de teléfonos celulares de alta gama por US$ 678.300.678. El caso fue denunciado por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y derivó en el procesamiento de quince personas.

Tras un año de investigación y constatadas varias irregularidades, de los 15 procesados como derivación del Operativo Llamada sólo uno fue acusado (Carlos O’Higgins). Para el grupo encabezado por Doldán se pidió suspensión condicional del procedimiento, con la constancia de un pago parcial de los impuestos adeudados y una promesa de pago de la suma restante, en cuotas.

Ante la oposición del juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos José Agustín Delmás, el caso fue derivado a la fiscalía general del Estado para revisión de la postura sostenida por los fiscales inferiores.

Para juez, delitos detectados en caso “megaevasión” no permiten suspensión

El magistrado Delmás argumentó que los elementos presentados acreditaban la presunta existencia de otros ilícitos que por la expectativa de pena en conjunto, imposibilitaba la salida legal propuesta por el Ministerio Público.

En aquella oportunidad, la fiscala adjunta Soledad Machuca rectificó el requerimiento y dispuso la realización de una serie de diligencias antes de cerrar el caso.

Posteriormente, la Fiscalía acusó por evasión de impuestos y asociación criminal a Liz Paola Doldán -sancionada por los Estados Unido- , Vilma González de Doldán, Edison Doldán, Tamara Brunetto Vallet, Manuel Balletbó Cabrera, Charles Edison Doldán y Julio Vera Melgarejo.

Todos son representantes y socios de las empresas Mobile Zone Internacional Import-Export, Excellence Import SA y Tenug Internacional SA, que evadieron impuestos entre 2017 y 2019 por G. 61.808.381, G. 4.633.636.582 y G. 690.298.472, en ese orden, según el requerimiento fiscal.

Los fiscales Francisco Cabrera y Liliana Alcaraz también acusaron y pidieron juicio oral y público para Reinaldo Páez Velázquez, por evasión de impuestos.

Páez representa a P&D Import SA, que entre los años 2018 y 2019 realizó 35 operaciones de importación irregular que generaron una evasión impositiva de G. 6.152.466.740, en concepto de Iva e Iracis (renta empresarial), según acusación.

Fiscalía acusó, pero cambió de postura en la preliminar

En la audiencia preliminar, pese a la acusación presentada, la Fiscalía se allanó al pedido de suspensión planteado por la defensa y por oposición del juez,el caso fue nuevamente derivado a la Fiscalía adjunta, con el resultado ahora conocido.

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