Obras fantasmas: juez debe convocar para imposición de medidas a intendenta de Valenzuela

El juez José Agustín Delmás debe fijar fecha para convocar a la intendenta de Valenzuela, Mirtha Elizabeth Fernández Yegros (PLRA), para su audiencia de imposición de medidas. Ella y 14 personas más fueron imputadas por lesión de confianza, por un perjuicio patrimonial a la comuna con obras fantasmas que podría ascender a G. 1.000 millones.

Mirtha Elizabeth Fernández Yegros, intendenta de Valenzuela.
Mirtha Elizabeth Fernández Yegros, intendenta de Valenzuela.gentileza

El juez penal de garantías especializado en delitos económicos José Agustín Delmás salió sorteado para entender en la causa caratulada Mirtha Elizabeth Fernández Yegros y otros sobre lesión de confianza”. El magistrado ahora deberá fijar una fecha para sustanciar la audiencia de imposición de medidas de los 15 imputados por los fiscales Diego Arzamendia y Néstor Coronel.

Entre los imputados están la actual intendenta municipal de Valenzuela, Cordillera, Mirtha Elizabeth Fernández Yegros, y el tesorero Cristhian David Flecha Fernández, por los hechos de lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y declaración falsa.

Así también, las integrantes de la Secretaría General Dora Villagra Patiño, Verónica Acosta, y Silvia Espínola, imputadas por producción de documentos no auténticos. Además, la arquitecta Vera María Luz Balbuena Villalba, investigada por lesión de confianza y producción de documentos no auténticos.

Son investigados también el fiscalizador Elvis Ramón Balbuena López; María Liz Fleitas representante legal de “MLF Constructora y Proyectos”; Blasidio Albino Candia, representante legal de “BC Constructora”, y Simón Candia, representante legal de “Marías Group SA”, por lesión de confianza y producción de documentos no auténticos.

Los demás indagados por lesión de confianza son: Carlos Samudio Sánchez, Aníbal Samudio Sánchez, Sergio Ariel Flecha Fernández, Adolfo Mendoza Álvarez, y Maglio César Nelson Muñoz Díaz.

Fiscalía pide prohibir a intendenta acercarse a Municipalidad

Los agentes del Ministerio Público solicitaron al juzgado penal de garantías la imposición de medidas como “la prohibición de acercarse a la Municipalidad de Valenzuela, esto principalmente ante al peligro de obstrucción por el riesgo de destruir, modificar, suprimir o falsear elementos que puedan servir como pruebas para la Fiscalía.

También peticionaron que sean aplicadas otras medidas como “la obligación de presentarse periódicamente ante el juez o ante autoridad que él designe”, prohibición de salir del país, de la localidad en la cual resida o del ámbito territorial que fije el juez”.

Todas estas dirigidas para la intendenta Mirtha Fernández, el tesorero Cristhian David Flecha, la arquitecta Vera María Balbuena, Elvis Ramón Balbuena, Sergio Ariel Flecha y las secretarias Dora Villagra Patiño, Verónica Acosta y Silvia Espínola.

Mientras que para los demás imputados, los fiscales pidieron las medidas de “obligación de presentarse periódicamente ante el juez o ante la autoridad que él designe”, “prohibición de salir del país, de la localidad en la cual resida o del ámbito territorial que fije el juez”, “la prestación de una caución personal o real adecuada, mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o hipoteca”.

Perjuicio con obras fantasmas sería de unos G. 1.000 millones

De acuerdo con datos señalados en la imputación del Ministerio Público, solo en 2019 la intendenta Mirtha Fernández suscribió contratos con la firma “BC Constructora”, uno por valor de G. 140 millones, otro por G. 120 millones y un tercero por G. 94.970.000, con “MLF Productos y Construcciones” por G. 80 millones, en tanto que con la firma “Marías Group SA” por G. 168 millones.

Todos esos contratos significaron un desembolso de dinero de G. 602.970.000, del presupuesto asignado para obras con fondos de royalties y Fonacide.

Los fiscales se habían constituido en los lugares en los que supuestamente se realizaron las obras de empedrados, parques infantiles y mantenimiento de aulas, pero no hallaron indicios de que se hayan realizado. Incluso quedan diligencias por realizar, con las que, de constatarse más obras no realizadas, el perjuicio podría ascender a poco más de G. 1.000 millones, según fuentes de la Fiscalía.

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