Cinco líderes del gremio de los camioneros fueron detenidos y puestos bajo prisión preventiva en la Agrupación Especializada luego de haber sido denunciados por el Ministerio del Interior de haber cometido una extorsión al Gobierno. Según la acusación, los transportistas solicitaron -en principio- US$ 1 millón a cambio de no aplicar más cierres de rutas ni movilizaciones durante lo que queda de la gestión del presidente Mario Abdo Benítez.
La detención de los camioneros se produjo luego de una entrega vigilada de una suma de US$ 50 mil, que fue llevada a cabo por el Ministerio Público. Este procedimiento forma parte de las evidencias de la acusación fiscal, además de supuestas grabaciones en que se escucha a los transportistas solicitar la suma al ministro del Interior, Federico González, durante las negociaciones por la crisis de la suba de los combustibles.
Tanto la entrega vigilada del dinero como la grabación de los audios fueron realizadas por la Fiscalía mediante una autorización judicial, que fue otorgada por el Juzgado a cargo del magistrado Humberto Otazú, según confirmó este el día de hoy. “Todo lo que se realizó y se solicitó por parte del Ministerio Público tiene autorización judicial. Hablo con propiedad porque estaba de turno”, declaró.
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Acceso a evidencias
La defensora de los acusados, la abogada Miriam Fernández, se presentó ayer ante la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público para solicitar acceso a la carpeta fiscal y a las evidencias sobre la denuncia.
Cuestionó, sin embargo, que solamente pudo observar la carpeta de investigación y no llevar una copia de la misma. Con relación a las evidencias del Ministerio Público, indicó que se negaron a proveérselas porque aseguraron que la cámara que grabó los vídeos de la supuesta extorsión no estaban disponibles.
El juez Otazú habló esta mañana sobre el caso en ABC Cardinal y refirió que no puede dar mayores detalles porque la investigación está en curso. Igualmente, puntualizó que la defensa de los camioneros debe tener acceso a la copia de la carpeta fiscal, mientras que sobre las evidencias indicó que en el transcurso del proceso penal eventualmente podrá contar con las mismas.
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“Por lo general, siempre se facilita las copias de lo que es la carpeta fiscal física; es decir, los documentos que son órdenes, declaraciones y denuncia. Posteriormente, se van accediendo a las evidencias que tiene el Ministerio Público porque esos autos procesales que se realizaron, más tarde o temprano, serán analizados por un perito y para eso la defensa tiene que tener conocimiento de qué hay y qué no para que pueda proponer su perito y sus puntos de pericia”, sostuvo.
Prisión preventiva en la Agrupación
Con relación a la prisión preventiva de los camioneros, el magistrado explicó que analizaron los presupuestos procesales que presentó la Fiscalía y concluyeron que reunían los requisitos para emitir dicha orden.
Fue consultado por qué fueron remitidos a la Agrupación Especializada, donde estarán bajo custodia policial, y no en otra penitenciaría, a lo que respondió que fue una resolución enmarcada dentro del protocolo COVID-19, que exigía una cuarentena de 15 días y que actualmente ya no está vigente con la derogación del decreto presidencial que establecía la emergencia sanitaria por la pandemia.
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Los cincos camioneros detenidos son: Ángel Zaracho (Federación de Camioneros del Paraguay), Roberto Almirón (Federación de Transportistas Autónomos del Paraguay), Juan Friedelin, Julio César Solaeche y Vicente Medina, recluidos desde el pasado 13 de abril.