Por segunda vez jueza ratifica arresto domiciliario para Hugo Javier

AREGUÁ. La jueza María Elena Cañete rechazó por segunda vez el pedido de medidas sustitutivas al arresto domiciliario que pesa contra el gobernador de Central, el cartista Hugo Javier González Alegre. Ayer, tras el rechazo por parte de la Junta Departamental de la comunicación de ausencia del administrador del XI Departamento, su defensa inmediatamente solicitó revisión de medidas al Juzgado de San Lorenzo. El acto tuvo lugar esta mañana a través de medios telemáticos.

Hugo Javier González, gobernador de Central.
Hugo Javier González, gobernador de Central.gentileza

La magistrada María Elena Cañete, en la fecha se volvió a ratificar en la medida cautelar de arresto domiciliario otorgado el pasado martes 12 de abril al gobernador de Central, Hugo Javier González Alegre (ANR cartista), relativo al hecho que el Ministerio Público investiga sobre la supuesta mala ejecución de G. 6.352 millones (US$ 1.000.000), del fondo covid-19 que el Ejecutivo transfirió a la Gobernación de Central en diciembre de 2020 para la reactivación económica durante la pandemia.

La defensa de Hugo Javier, representada por los abogados Arturo Daniel, Andrés Casati y Fausto Portillo, solicitó “igualdad procesal, levantamiento de arresto (medidas menos gravosas) y en caso de que no se considere oportuno el permiso para trabajar e ingresar a la gobernación en el horario de 07:00 a 15:00, ofrecieron un inmueble que no tenía condiciones de dominio”, informaron desde el Juzgado.

El administrador departamental González Alegre fue imputado junto a otras 14 personas, el 1 de noviembre de 2021 por los aparentes hechos de corrupción de lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal. Pues en la rendición de cuentas del millón de dólares, aparecen facturas clonadas, entre otras muchas groseras anomalías.

Entonces, nuevamente ahora en atención a los hechos que se le atribuyen a Hugo Javier, la decisión judicial de la jueza Cañete “se basó en la justificación de dos soportes, por un lado la prevención del peligro de fuga y, por el otro, el peligro de obstrucción a la investigación”.

Con relación al último punto, la Fiscalía de Delitos Económicos sostuvo que ya no existe peligro de obstrucción por el tiempo transcurrido desde la imputación hasta el día de la audiencia de imposición de medidas que tuvo lugar el pasado 12 de abril y teniendo en cuenta que las evidencias que guardan relación al caso ya fueron colectados a través de allanamientos y pedido de informes.

En cuanto al peligro de fuga del procesado, la jueza Cañete sostiene que a pesar de la solvencia económica de Hugo Javier y del arraigo suficiente dentro del territorio nacional, esta magistratura tuvo nuevamente en cuenta “la gravedad del hecho que investiga el Ministerio Público y el grado de participación del imputado”, más aún teniendo en cuenta que los supuestos hechos fueron cometidos durante la pandemia.

“Considerando que la investigación se centra en la supuesta comisión de hechos punibles contra el patrimonio público y de alto valor, mediante la utilización de fondos previstos para la reactivación económica en época de la crisis sanitaria debido al covid-19 y el Ministerio Público sostiene la participación del procesado Hugo Javier González Alegre como gobernador del Departamento Central, por lo que sin lugar a equívocos nos encontramos ante hechos graves en su conjunto”, dice la resolución judicial.

La defensa técnica del gobernador durante la revisión de medidas de hoy ha ofrecido a fin de reforzar el arraigo del procesado otro inmueble como garantía real (…) del distrito de Pirayú con una tasación por valor de G. 485.000.000, sin acompañar el informe de condición de dominio correspondiente”. Todo lo planteado por los abogados de Hugo Javier fue rechazado y la magistrada decidió no hacer lugar a lo solicitado.

Con esta medida judicial, según la Ley Nº 426/94 Carta Orgánica de Gobiernos Departamentales, el gobernador Hugo Javier González, está imposibilitado para seguir gobernando desde su encierro. En un intento desesperado ante la situación, Hugo Javier incluso solicitó al Juzgado mudarse a la sede de la Gobernación para vivir en el lugar, cumplir con su arresto y de esta manera seguir en el cargo. Luego, desistió del descabellado pedido.

Ayer, la Junta Departamental, rechazó por 14 votos, la comunicación de ausencia remitida por Hugo Javier. El mismo, comunicó que se ausentaría desde el día 18 de abril hasta el 5 de mayo, sin embargo, el documento tenía fecha 19. La ley dice que dicha comunicación debe presentarse con antelación. También, el gobernador dejó acéfala la institución desde el 12 de abril hasta el 17 y en este tiempo no notificó su ausencia.

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