El fiscal Augusto Ledesma Blasser formuló imputación por hurto agravado y perturbación de instalaciones de telecomunicaciones en contra de los ciudadanos Andrés Milciades Cabrera (21), Mario Manuel Cuéllar Álvarez (26), Jorge Mauricio Cañete Espínola (23), Jonathan David Barrios (27), Marcelo Torres (39), Jonathan David Insfrán Argüello (27), Juan Silvino Benítez Troche (38), Damián Gabriel Amarilla (29), María Asunción Jara (22) y Luana Elizabeth Vázquez Ozuna (23).
Ayer, alrededor de las 12:30, sobre las calles Campo Vía y Luis Alberto del Paraná, los ahora imputados habrían sustraído varios metros de cables de cobre de telecomunicaciones pertenecientes a la línea Copaco SA.
Presumiblemente, procedieron a apropiarse de varios metros de cables Multipar Aéreo de 200 pares, de varios tramos ubicados sobre la calle Campo Vía, que abarca desde Arsenio Erico hasta la calle Puerto Pinasco, totalizando la cantidad de 1.000 metros que corresponden al Armario 14 de la caja terminal del 01 al 20. Con esto dejaron fuera de servicio a un total de 200 abonados.
Así también, estuvieron afectadas las instalaciones ubicadas sobre la calle Capitán Insfrán y Celsa Speratti, que pertenecen al Armario 13, de las cajas terminal del 31 al 45, totalizando 200 metros, lo cual dejó fuera de servicio a 300 usuarios.
Igualmente, esto afectó las calles Coronel Martínez y Tomas Ozuna, pertenecientes al Armario 31, subidas del cable primario aéreo de 40 metros aproximadamente, tras lo cual quedaron fuera de servicio 200 usuarios de la Copaco y otros usuarios indirectos. También, aparentemente, destrozaron, perjudicaron y dejaron inservible el servicio público brindado por la empresa, impidiendo con ello el funcionamiento.
Según el reporte preliminar, el perjuicio ocasionado abarca a un total de 1.800 abonados que quedaron sin el servicio público hasta la fecha. El perjuicio económico asciende a la suma de G. 53.460.000 mensuales en telefonía básica, lo que fue dejado de percibir por Copaco SA., explicó el fiscal Ledesma Blasser.
El agente del Ministerio Público requirió al Juzgado Penal de Garantías la aplicación de prisión preventiva, considerando la magnitud y gravedad de los hechos y, a la vez, el repudio social que genera el desabastecimiento de servicios imprescindibles.