El caso está identificado como expediente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) N° 4.646/06, Comisión vecinal 30 de Julio de la colonia Valle Porã, distrito de Tomás Romero Pereira.
Afecta a un predio de unas 1.500 hectáreas que -según los campesinos- no tiene título y es ocupado por la firma agroganadera Edén Esperanza. En el año 2006 se realizó una mensura judicial, que posteriormente fue anulada por un Tribunal de Apelaciones de la capital en el marco del juicio “Restitución de Indert sobre mensura”.
El Tribunal revocó la sentencia N° 757 que aprobaba la mensura, de fecha 6 de abril de 2006, “por incompleta y no adecuarse a los requisitos establecidos en el Art. 656 del CPC en la determinación de los colindantes”, según se puede leer en el Acuerdo y Sentencia N° 90, de fecha 30 de agosto de 2006, y que lleva la firma de los magistrados Carmelo Castiglioni, Fremiort Ortiz Pierpaoli y Lineo Ynsfrán Saldívar.
Desde entonces, el caso está literalmente congelado y el Indert, entidad que debe solicitar la continuidad del procedimiento, no lo hace ni tampoco responde a los pedidos de una nueva mensura que defina la situación.
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“Nosotros estamos esperando una definición en este tema y tenemos sospechas de que en realidad al Indert no le interesa resolver el caso porque, mientras siga sin definición, esa empresa continúa explotando la tierra. Todos los años vemos que vehículos de la institución visitan el establecimiento y creemos que es para retirar algún aporte para no hacer nada, de ahí que tenemos la sospecha de que algunos funcionarios de la institución se benefician de esta situación”, sostuvo, por su parte, Víctor Haedo Morínigo, presidente de la Comisión vecinal “30 de Julio”.
Para el abogado de los campesinos, la indefinición del caso resulta también muy “llamativa”. Pereira manifestó que cumplieron todos los requerimientos, con todos los trámites pertinentes ante el Indert, en el sentido de pedir la mensura que demostrará la razón de los campesinos y permitirá dar curso a una reforma efectiva, distribuyendo esas tierras entre los legítimos beneficiarios de la reforma agraria.
“El 23 de noviembre presentamos una nueva petición de mensura judicial y hasta ahora no tenemos respuesta. Resulta llamativo el desinterés de la institución que precisamente se debe ocupar por el desarrollo rural, lo que abona las versiones de los campesinos de que existen funcionarios del Indert que se están beneficiando con esta indefinición que ya lleva más de 15 años”, agregó el presidente de la Comisión.
“Corresponde que la autoridad de aplicación, el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra, vuelva a realizar la mensura judicial correspondiente y de manera urgente, que desde este momento así lo solicito, y que la presidenta (del Indert) vuelva a nombrar a profesional abogado de la institución, y sugerimos al técnico agrimensor Diego Jara para acompañar al abogado designado”, señala Pereira en su escrito remitido a la titular del organismo gubernamental, Gail Gina González Yaluff, con fecha 23 de noviembre del 2021.
Respecto del caso, en la secretaría general de oficina regional del Indert en Itapúa, cuyo jefe regional es el Lic. Carlos Martínez, nos informaron que este tipo de decisiones administrativas corresponden al nivel central de la entidad y prometieron averiguar el estado en que se encuentra el pedido de los campesinos.