Juguetes y semillas enterradas dan cuenta de que habría más víctimas

Los niños de 12 años, señalados como abusadores de otros dos niños de 6 y 7 años, les ordenaban enterrar objetos en el patio del colegio. Así, en un allanamientos se encontraron tres juguetes y dos semillas, indicios de la cantidad de víctimas existentes.

Las semillas halladas en el patio del colegio y que fueron parte de las consignas impuestas a los chicos.
Las semillas halladas en el patio del colegio y que fueron parte de las consignas impuestas a los chicos.Gentileza

El Ministerio Público, en el marco de la investigación de los casos de abuso sexual en niños, obtuvo datos relacionados a que los supuestos autores de abuso sexual, de 12 años, brindaba consignas a sus “objetivos”, consistentes en traer objetos de sus domicilios y enterrarlos luego en el patio del colegio.

Así, algunos chicos elegidos, llevaron juguetes y otros, semillas, para ganar la confianza de los grandes.

Siguiendo estos datos, y con ayuda de una de las víctimas, los investigadores realizaron una búsqueda por el predio de la casa de estudios. Específicamente entre el sector de Kinder y la cancha de basquet, donde ni siquiera hay cámaras.

Mediante ese procedimiento se logró hallar tres juguetes y dos semillas (foto) que serían de coco.

En concordancia con los datos aportados por una de las víctimas, los objetos desenterrados dan indicios de la existencia de más niños afectados que seguían el mismo “ritual”, de acuerdo con información proporcionada por fuentes cercanas a la investigación.

Por ahora queda constatar si, además de los casos de los niños de 6 y 7 años, hasta hoy denunciados, existen otras situaciones consumadas o virtuales de abuso sexual.

Imputación a educadoras

Como consecuencia de estos hechos la fiscala Miriam Rodríguez ordenó la detención e imputó a la directora general de la institución Carolina María Urbieta de Villate (55) por violación del deber de cuidado o educación (art. 226 del C.P.), frustración de la persecución y ejecución penal (art. 292 del C.P.) y la Ley N° 6202, en su art. 7; la coordinara de primer ciclo María Gabriela Santiviago Rivarola (46) y una docente, Olga María Feltes Ochoa (32), imputadas por violación del deber de cuidado o educación y la Ley N° 6202 en su art. 7. Todas cumplen prisión en la Centro Penitenciario de Mujeres “Serafina Dávalos”, de Coronel Oviedo, en Caaguazú.

En la imputación N° 31, la fiscala describe que las tres por disposición legal estaban obligadas a actuar según los protocolos establecidos por el MEC. Sin embargo, Urbieta “obvió la activación de los mismos” y “no comunicó en tiempo y forma a las autoridades administrativas y judiciales el supuesto hecho punible pese a haber tomado conocimiento, haciéndolo 7 días después”.

Institución de España se desmarca

Luego de conocer los casos de abuso sexual contra los chicos de 6 y 7 años, varios internautas reclamaron a través del Twitter a una red internacional de colegios, cuya sede principal está en España, que tomen postura y medidas. Pero, esta respondió y se excusó con señalando que lamentaban mucho el hecho ocurrido y que “el colegio al que hacen referencia no pertenece a la institución educativa de España”.

Agregaron, siempre vía Twitter, que si bien tienen en común la misma denominación “desde hace más de 20 años no tienen ninguna vinculación con nuestra institución, ni empresarial ni de gestión”.

Tribunal de Central estudiará apelación

El Tribunal de Apelación de Central estudia las apelaciones planteadas por las defensas de las tres docentes procesadas como derivación de la investigación de un caso de abuso infantil ocurrido en colegio privado de Lambaré.

El domingo pasado, la jueza penal de Lambaré de turno, Gladys Fariña, decretó la prisión preventiva de la directora de la institución, Carolina Urbieta, de la coordinadora María Gabriela Santiviago y de la docente Olga Feltes.

Fariña hizo lugar a la petición del Ministerio Público, que solicitó la medida restrictiva de la libertad para las tres, por considerar que existe peligro de obstrucción a la investigación. Este criterio es compartido por la magistrada, que argumentó que a su criterio, también hay peligro de fuga.

La directora Urbieta está imputada por violación del deber de cuidado, frustración de la persecución y ejecución penal y violación de la Ley 6202/2018 relacionada a la prevención de casos de abuso sexual. Por otro lado, la docente y la coordinadora están procesadas por violación del deber de cuidado.

La imputación da cuenta de que el abuso sexual en niños ocurrió el 26 de abril pasado en un colegio privado de Lambaré y fue denunciado por la madre de la víctima, un niño de 6 años, pero las ahora procesadas no cumplieron el protocolo establecido para estos casos.

Integran la Cámara Nidia Fernández y Guillermo Zillich. El tercer miembro, Óscar Rodríguez Kennedy, se inhibió porque su hija Miriam Rodríguez integra el equipo de fiscalas que tiene a su cargo la investigación.

El lunes se realizará el sorteo para la integración de la Cámara que, además de la apelación, deberá resolver previamente la impugnación de la inhibición de la jueza Ana Esquivel, por parte de Isabel Bracho.

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