Helicóptero policial sufre desperfecto antes de desalojo en Salto

SALTO DEL GUAIRÁ. Más de 200 policías participan del desalojo de un inmueble ubicada en la colonia Santa Teresa, Km 32, de este distrito, dispuesto por orden judicial. Los ocupantes solicitaron 72 horas para retirar sus pertenencias, pero no fueron escuchados. Antes de ejecutarse este desalojo la Policía, el helicóptero de la Policía sufrió un desperfecto y tuvo que ser asistido antes de continuar el operativo desde el aire.

Antes del desalojo se tuvo que acoplar un helicóptero que se quedó sin batería.
Antes del desalojo se tuvo que acoplar un helicóptero que se quedó sin batería.foto, gentileza

Durante los preparativos para el desalojo un helicóptero de la Policía Nacional se quedó sin batería, tras aterrizar en el predio de la Comisaría de La Paloma y los agentes policiales no tuvieron que asistir a la aeronave, en lo que primeramente se creyó era un “acople” con una patrullera para que la nave pueda seguir el operativo desde arriba. Sin embargo agentes policiales de La Paloma indicaron que no acoplaron el helicóptero, sino la bomba para recargar combustible al helicóptero desde un bidón.

La propiedad de 132 hectáreas fue colonizada con anuencia del propietario en el 2015, pero al no prosperar las negociaciones con el Indert, el mismo les demandó por invasión de inmueble. El desalojo que está en pleno desarrollo fue ordenado por el juez Ramon Trinidad Zelaya en el 2020, y finalmente en la fecha la Policía al mando de un oficial de justicia, ingresó al predio y proceden a realizar la “cesación del hecho punible”. En el lugar existen millonarias inversiones realizadas por los ocupantes, quienes pidieron tiempo para retirar sus bienes, especialmente las viviendas, pero no obtuvieron.

La propiedad, individualizada como finca S01-7224 del distrito de Salto del Guairá, propiedad de Ramón González Carrera fue ocupada en el año 2015 por aproximadamente 80 personas, y se constituyó en una colonia modelo en la zona que abastece a Salto del Guairá con productos de consumo de primera necesidad.

Según explicó el abogado David Pereira, representante legal de los ocupantes, el ingreso a dicha tierra se realizó mediante una autorización por escrito dado por el dueño, quien en ese entonces tenía la intención de negociar dicha propiedad con el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT). Pereira explicó que las negociaciones prosperaron, pero en medio del proceso, el propietario recibió mejor oferta de estancieros colindantes a la propiedad, por lo que dejó de lado al Estado y demandó a los ocupantes.

Los afectados por la medida judicial recurrieron la resolución, pero los planteamientos ante la justicia no prosperaron. “Según se comenta, habría 500 mil razones de los verdes para se cometa esta gran injusticia”, indicó.

Según los datos, la zona es rodeada de estancias donde la Senad y la Policía habría descubierto pistas clandestinas desde donde se estaría realizando tráfico ilegal de todo tipo, y que sería igualmente una de las razones por la que no quieren la formación de una colonia en el lugar.

En el lugar existen multimillonarias inversiones realizadas por la Municipalidad, por la ANDE y otras instituciones que ahora quedan gratuitamente al propietario, denunciaron los dirigentes del lugar.

Lo que se hizo fue carga de combustible

Al respecto, la Policía Nacional respondió a través de sus redes sociales, alegando que pasó fue que el personal técnico aéreo utilizó un “mecanismo de carga de combustible, a través de una bomba eléctrica para agilizar el procedimiento”.

“El helicóptero tiene un voltaje de 24 volts y la batería de la patrullera es de 12 volts, por lo tanto, sería imposible realizar el acoplado entre ambos medios de transporte”, explicaron.

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