Se trata del imputado Luis Eduardo Allende Araujo, cuya defensa es ejercida por la abogada Carolina Ferreira de Gorostiaga, quien semanas atrás presentó una chicana solicitando la nulidad absoluta de la imputación, que fue rechazada por el Tribunal de Apelaciones.
El supuesto daño patrimonial es de G. 6.382 millones (US$1 millón) del fondo covid-19, recurso otorgado por el Ejecutivo a la Gobernación de Central para generar fuente de trabajo durante la pandemia. Sin embargo, en la rendición de cuentas de la ejecución del dinero aparecen varias facturas clonadas, que hasta la fecha, la institución departamental no pudo dilucidar.
El Ministerio Público imputó el 1 de noviembre de 2021 a 15 personas dentro de la causa, incluyendo al ahora exgobernador de Central, el cartista Hugo Javier González Alegre, por los supuestos hechos de lesión de confianza, declaración falsa, asociación criminal y producción de documentos no auténticos.
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Las innumerables irregularidades fueron confirmadas por la Contraloría General de la República (CGR), Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE), la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac). Estas dos últimas instituciones denunciaron el caso ante la Fiscalía de Delitos Económicos el 8 de julio de 2021.
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Otra audiencia pendiente
El Tribunal de Apelaciones también rechazó el recurso de apelación general interpuesto por la defensa de la exjefa de Control Interno de la Gobernación de Central, Karina Elizabeth Mazacotte Widmer, imputada por lesión de confianza, declaración falsa y asociación criminal.
La Fiscalía solicitó como medida cautelar su arresto, pero debido a las innumerables chicanas planteadas por su defensor, el abogado Gustavo Adolfo Valinotti Gauto, la audiencia de imposición de medidas sigue dilatándose.
Mazacotte es funcionaria de la Cámara de Diputados y fue comisionada a la Gobernación de Central, en 2019. De acuerdo a la manifestación del fiscal Estigarribia, Karina Elizabeth, entre los meses de agosto del 2020 y mayo del 2021, presuntamente, le habría encargado a la señora Modesta Valiente Escobar (imputada en la causa) pagarles a los funcionarios denominados “por transferencia” y solicitarles que emitan sus facturas a nombre de la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), ONG que recibió G. 5.105 millones, parte del fondo covid-19 para la ejecución de obras de infraestructura.