En comunicación con ABC Cardinal este martes, la jefa de la Dirección de Bienes Patrimoniales del Estado de la Contraloría General de la República, Raquel Sanabria, habló de la denuncia hecha por el ente contralor sobre los costosos radares instalados en el aeropuerto de Concepción, que actualmente no funcionan y durante tres años operaron con una capacidad de cobertura menor a la estipulada originalmente.

Sanabria comentó que el plazo de garantía por los radares, por los que el Estado pagó más de G. 50.000 millones, ya venció.

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Ya desde 2019, año en que los radares fueron instalados y puestos en funcionamiento, el Centro Integrado de Vigilancia Aeronáutica de la Fuerza Aérea Paraguaya reportó que recibía la señal de radar solo de forma intermitente y dejó de recibirla por completo en diciembre de 2021.

Además, Sanabria señaló que si bien el pliego de bases del contrato señala que los radares son de largo alcance, en la práctica solo operaban a un rango medio.

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Específicamente, el radar primario debía tener un largo alcance instrumental de no menos de 200 millas náuticas o 370,4 kilómetros, pero en realidad cubría solo 100 millas náuticas o 185,2 kilómetros, rango correspondiente a un radar de medio alcance. El radar secundario también tenía un alcance inferior al estipulado.

Informe fue a Fiscalía

El contrato por la adquisición de los radares, con la empresa Omni SA, se firmó en 2017, cuando el presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil era Luis Aguirre. El contrato fue ejecutado en 2018, bajo la administración de Édgar Melgarejo, y el pago de G. 49.997 mil millones se hizo en 2019.

En 2021 se hizo un reajuste del precio, resultando en un pago de G. 825 millones adicionales, ya bajo la administración de Félix Kanazawa en la Dinac.

El informe de la Contraloría General sobre los radares fue remitido a la Fiscalía General de la República.