La asistente fiscal Teresita Raquel Rey Saffi, de la Unidad Penal N° 1 de la ciudad de San Antonio, y el secretario de dicha dependencia fiscal, Óscar David Amarilla Velázquez, serán juzgados en juicio oral y público en la causa que afrontan por supuesto tráfico de influencias.
La audiencia preliminar se sustanció ante el juez de Garantías Especializado contra Delitos Económicos José Agustín Delmás, quien hizo lugar a la acusación del fiscal Silvio Corbeta y rechazó los incidentes de suspensión condicional del procedimiento, nulidad de la acusación y sobreseimiento definitivo de los procesados, que fueron planteados por las defensas.
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Los acusados Teresita Raquel Rey Saffi, de 34 años, y Óscar David Amarilla Velázquez, de 39, fueron detenidos en un operativo planificado que se llevó a cabo el 19 de noviembre del año pasado. Ambos cumplían funciones como asistentes fiscales de la agente Laura Ávalos, de la Unidad Penal del Ministerio Público de San Antonio.
Detenidos tras cobrar G. 5 millones
Según la acusación del fiscal Silvio Corbeta, entre el 5 y 19 de noviembre del 2021, ambos funcionarios del Ministerio Público le solicitaron en reiteradas ocasiones al procesado Eulogio Cardozo Dávalos y a su abogada defensora, Cristel Favole, entre ocho y cinco millones de guaraníes a fin de mediar ante la fiscala Laura Ávalos, titular de la Unidad Penal N° 1 de la ciudad de San Antonio, para el otorgamiento de un criterio de oportunidad como salida alternativa.
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La salida procesal prometida se dio en el marco de la causa N° 1.273/21 caratulada “Eulogio Cardozo s/ Violencia Familiar”, investigación en la cual el Sr. Eulogio Cardozo Dávalos se encontraba imputado como autor del hecho investigado, cuya causa se encontraba asignada a la unidad penal donde estos funcionarios prestaban sus servicios.
De hecho, el 19 de noviembre del año 2021, previas conversaciones entre el encausado Eulogio Cardozo, su abogada defensora Cristel Favole y la funcionaria del Ministerio Público Teresita Rey Saffi, se reafirmó nuevamente la promesa de otorgar el criterio de oportunidad al entonces imputado como salida procesal.
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En ese entendimiento, el secretario fiscal Óscar Amarilla luego de finalizada la reunión fue el encargado de cobrar la suma de G. 5.000.000 prometida a los mismos, hecho que fue descubierto en flagrancia por el Ministerio Público y agentes del Departamento Especializado contra Hechos Punibles Punibles y Financieros de la Policía Nacional, minutos después de la recepción del dinero requerido por los acusados, cuyo monto inicial había sido de G. 8 millones.