El 1 de junio del 2012, Anderson Medina Cáceres, entonces con 20 años, fue baleado por el entonces suboficial Narciso Cañete, durante una barrera ilegal en Ciudad del Este. El policía “gatillo fácil” fue dado de baja en el año 2019, por disposición del presidente de la República Mario Abdo Benítez.
Medina sobrevivió al ataque y a pesar de que logró volver a caminar, su calvario está lejos del final. La petición de medida cautelar presentada por la abogada Noemí Barreto a favor de Anderson detalla las reiteradas amenazas y ataques sufridos por el joven, desde que decidió llevar adelante el juicio contra el citado policía.
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A los reiterados robos a su negocio de venta de bebidas -motivo por el cual hoy el comercio se ha cerrado- Anderson ha sufrido reiteradas agresiones como represalia por la denuncia, algunas de las cuales se detallan a continuación:
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Así amedrentan a víctima de policía “gatillo fácil”
“En fecha 7 de enero de 2017, Anderson Medina recibió una amenaza. Una persona desconocida, de sexo masculino, ingresó a su local de bebidas ubicado en el barrio San Rafael de Ciudad del Este, a las 16:30 horas, y le manifestó que el hijo del policía, de nombre Osmar Cañete Contrera (quien ya había amenazado de muerte a Anderson y a su padre a través de la red social Facebook, el 13 de marzo de 2013) “lo visitaría” en su negocio muy pronto.
Cuatro días después de esta amenaza, en fecha 11 de enero del 2017, 15 personas ingresaron al local de bebidas de Anderson Medina, a las 10:40 de la noche, y lo atacaron brutalmente, dejándolo inconsciente. Anderson sufrió múltiples golpes en la cabeza, en las costillas y en las piernas, relata la petición de medidas cautelares de protección, radicada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En un primer juicio, Narciso Cañete fue condenado a sólo 5 años de cárcel, pena apelada tanto por la Fiscalía como por la querella, que solicitaron 13 y 15 años de cárcel, respectivamente. El fallo fue anulado y en un segundo juicio, Cañete fue sentenciado a 7 años de cárcel, sentencia que está firme y que cumple en la Agrupación Especializada.
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Este mes de junio se cumplió el plazo de tres meses que la CIDH dio al Estado paraguayo para que presente objeciones a la petición.
Según fuentes, la Procuraduría General de la República contestará en julio, haciendo uso de una prórroga de un mes.