La escuela Don Camilo Sosa Castillo se encuentra ubicada a unos 7 kilómetros del casco urbano, y está asentada en una propiedad de cerca de una hectárea. En dicho lugar funciona el nivel escolar básico, nivel medio y también educación permanente de adultos mayores, explicó el supervisor Candia.
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La comunidad educativa se enteró de que en el diario ABC Color, en fecha 5 de julio, se publicó sobre el remate judicial, dictado por la jueza Barreto, señalando que va a subasta pública todo lo edificado, clavado y plantado en la finca Nº 1353 de la compañía Espartilla, de este distrito.
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Sin embargo, los ocupantes de la causa caratulada Gladys Marina Centurión contra Rogelio Sosa desconocían que dicho juicio que se estaba tramitando en el Juzgado de Paraguarí.
El abogado Víctor Martínez, quien ejerce la defensa de Rogelio Sosa, manifestó que ellos ya plantearon incidente de nulidad contra la disposición judicial y por todas las actuaciones realizadas.
Argumentó que la jueza no se percató de que en el inmueble que pretende llevar a remate judicial funciona una escuela pública. Además, durante el proceso judicial varias notificaciones no se hicieron en forma, por lo que los afectados cayeron en indefensión procesal; por ese motivo no tuvieron la oportunidad de informar que dicho predio es de una escuela.
Lo que se solicita también es que la causa se retrotraiga desde el inicio y que los afectados tengan la oportunidad de defenderse, porque aquí debe primar el interés social sobre el particular. Además existen documentos de transferencias realizadas en su momento, como también cesión de derechos, por lo que el inmueble de la escuela no debió entrar en un litigio judicial, explicó el profesional Martínez.
El supervisor Alberto Candia manifestó que en reiteradas ocasiones han venido insistiendo desde otras administraciones ante el MEC para que asesoría jurídica pueda inscribir en el Registro Público de la Propiedad, como un bien patrimonial del ministerio y poder contar con el título, y ahora preocupa esta situación que la escuela tenga que ir a remate judicial.
Alegó que por la falta de título muchas veces no han podido conseguir ayuda de las instituciones municipales y departamentales, por lo que con ayuda de los padres de familia, docentes y alumnos siempre se han mantenido y se han encargado de las reparaciones.
Comentó que esta situación preocupa, por lo que ya remitió una nota a la Dirección de Educación Departamental, para que pueda realizar ante las autoridades pertinentes la acción de nulidad de procedimiento judicial y salvaguardar el local educativo que es de la comunidad, de los niños y jóvenes.
De acuerdo a los antecedentes, don Camilo Sosa Castillo en vida en el año 1953 había donado dicho predio para la construcción de la escuela; se había hecho la transferencia a nombre del MEC, pero nunca se inscribió. Por lo que al fallecer el donante sus herederos en 1990 habían realizado un acuerdo de cesión de derecho y dicho documento se había remitido al MEC para su inscripción ante el Registro Público y su titulación, pero no lo hicieron, y hoy están pretendiendo llevar a remate judicial, explicó el supervisor Candia.
Padres lamentan que por inoperancia del MEC pueden quedar escuela
Los padres de familia del lugar denunciaron que si dicho hecho ocurre va ser por la inoperancia de las autoridades jurídicas del MEC, porque no hacen un seguimiento para titular las ocupaciones, ni se interesan de aquellas que están en situación irregular, manifestó Justina Santacruz, una de las madres de familia del lugar.
Agregó que también se debe observar la irresponsabilidad de la actuación judicial, por qué no envió a un oficial de justicia a verificar la finca, qué hay ahí y qué no, así para convocar a los afectados.