MOPC no justifica el elevado precio que pagará por dudosa consultoría de “apoyo”

Hasta ahora es todo un misterio cómo el MOPC estimó los casi G. 73.500 millones que destinará en una dudosa consultoría de “apoyo” que está a punto de adjudicar, para contratar a seis expertos. La institución evita socializar los detalles del precio estimado porque el llamado no se rige por la ley de Contrataciones.

Los trabajos de la ruta Transchaco avanzan en varios frentes y es una de las obras que requiere de apoyo técnico.
Los trabajos de la ruta Transchaco avanzan en varios frentes y es una de las obras que requiere de apoyo técnico.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), cuyo titular es Arnoldo Wiens, mantiene en secreto los detalles de cómo estimó los casi G. 73.500 millones que gastará en la consultoría que está a punto de adjudicar, para el “Apoyo Técnico y Fiduciario (Ecatef) a la Unidad Ejecutora de proyectos BID de la Dirección de Vialidad, en la ejecución de su programas y proyectos” (ID 406.137).

Concretamente, el llamado es para la contratación de seis expertos para asesorar al ministerio en cuatro obras que está financiando el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Como la millonaria consultoría también lo financia esta multilateral, no se rige por la Ley N° 2051 de Contrataciones Públicas, por lo que los detalles de la estimación del precio de referencia no están publicados.

En los antecedentes de la proyección de precios solo figura un documento del 24 de junio de 2020, que la representante del BID, María Florencia Attademo-Hirt, remitió al exviceministro de Obras del MOPC, Ignacio Gómez, donde se dejó constancia de que las contrataciones financiadas por la entidad no se rigen por la resolución N° 1890/2020 de Contrataciones, que regula la estimación de precios y su publicidad en los procedimientos de contrataciones públicas en el marco de la Ley N° 2051.

Es decir no se sabe qué parámetros utilizó el MOPC para fijar el elevado precio de una consultoría para contratar a media docena de profesionales, que terminarán pagando todos los paraguayos de sus impuestos.

No se saben los montos que ofertaron los participantes

Las ofertas de la cuestionada licitación fueron recibidas el 26 de marzo último, pero sólo abrieron los sobres que contienen las propuestas técnicas (ver oferentes en el facsímil), pues aún quedaba pendiente la apertura de los sobres con las ofertas económicas. No se sabe si ya se abrieron los sobres con los montos de las ofertas, pues aún no están publicados en el portal de la DNCP.

Hace más de un mes que este diario remitió sus consultas sobre el llamado en cuestión al viceministro de Obras, Rodolfo Segovia, para tener detalles del monto millonario que prevén invertir en la consultoría, pero el alto funcionario no responde hasta ahora, pese a las insistencias.

Según el pliego, se prevé la contratación de seis profesionales: un gerente de la Ecatef, un especialista vial, un especialista en gestión de proyectos, un especialista ambiental, seguridad y salud ocupacional, un especialista social y un coordinador administrativo.

Aparte de la contratación de los “expertos”, el monto referencial del llamado también cubrirá gastos que tienen relación con administración y gestión de gastos, servicios de asesoramiento o estudios técnicos específicos por demanda, gastos de las oficinas, equipos TIC y mobiliarios, entre otros, según los documentos del proceso.

Obras Públicas tiene más de 4.000 funcionarios que pueden apoyar en estas obras, pero al parecer esta posibilidad no está a consideración. El pliego resalta que “el objetivo de la consultoría es apoyar a la Unidad Ejecutora de Proyectos del BID del MOPC, en la supervisión técnica, social y ambiental, así como en la administración de los contratos derivados de la ejecución” de los paquetes de obras mencionados.

Aparte de la contratación de los “expertos”, el monto referencial del llamado también cubrirá gastos que tienen relación con administración y gestión de gastos, servicios de asesoramiento o estudios técnicos específicos por demanda, gastos de las oficinas, equipos TIC y mobiliarios, entre otros, según los documentos del proceso.

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