El contralor general, Camilo Benítez, habló esta mañana y señaló alrededor de 90 reportes de hechos punibles en los últimos cuatro años que fueron remitidos al Ministerio Público. Precisó que detectaron más de G. 620.000 millones en perjuicios patrimoniales.
Afirmó que solamente los casos connotados tienen un procesamiento por parte de la Fiscalía, mientras que el resto no tiene una derivación penal. Citó como ejemplos los reportes que realizaron sobre irregularidades en las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este.
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“Debo decir que tengo la sensación que muy pocos de los reportes enviados tienen una imputación y una persecución penal”, lamentó. “Los casos más connotados tienen, como la Municipalidad de Jesús, Gobernación Central. Pero hay muchos otros casos, como el de la Municipalidad de Asunción, la Municipalidad de Ciudad del Este y muchos otros que no tienen imputación aún”, agregó.
También mencionó que remitieron más de mil casos sobre falseamiento de datos en las declaraciones juradas y que estas no tienen la derivación penal que establece las leyes vigentes.
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“Aplazadas” en control interno
Benítez, por otra parte, cuestionó el poco control interno de los recursos en las instituciones públicas, principalmente -según mencionó- en los municipios y gobernaciones, que fue observado en auditorías que llevaron a cabo.
Precisó que alrededor del 90% de las instituciones del Estado está “aplazado” en cuanto a control interno del uso de los fondos públicos.
La Contraloría General de la República (CGR) emitió el miércoles pasado un informe en que detalla una serie de irregularidades o imprecisiones en distintas instituciones públicas tras un análisis del balance general presentado el año pasado.