Caso Hugo Javier: concejales que denunciaron clonación de facturas fueron llamados a declarar

AREGUÁ. Dos concejales departamentales comparecerán ante el Ministerio Público para una declaración testifical sobre las presuntas facturas clonadas utilizadas por una ONG y la Gobernación de Central para justificar el uso de US$ 1 millón del fondo COVID-19 que el Ejecutivo otorgó a la institución departamental en 2020. Peritos de la Fiscalía confirmaron las irregularidades y hasta ahora se logró recuperar casi G. 500 millones

Momento en que el fiscal Rodrigo Estigarribia allanó la Gobernación de Central en busca de evidencias sobre las presuntas facturas clonadas
Momento en que el fiscal Rodrigo Estigarribia allanó la Gobernación de Central en busca de evidencias sobre las presuntas facturas clonadasGentileza

Los concejales liberales Roque Ávalos y Adrián Billy Vaesken fueron convocados por los fiscales Rodrigo Estigarribia, Diego Arzamendia, Francisco Cabrera y Luis Said, para una declaración testifical en el caso más conocido como “facturas clonadas” que involucra a la Gobernación de Central, respecto a la supuesta mala ejecución de US$ 1 millón (G.6.382 millones) del fondo COVID-19, que el Ejecutivo desembolsó a la Gobernación en diciembre de 2020.

El dinero era para reactivar la economía del XI departamento generando fuentes de trabajo durante la pandemia.

El edil Vaesken debe presentarse mañana miércoles a las 08:00 en la sede de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) y Ávalos el jueves de esta semana a la misma hora.

“Yo estoy contento porque me convocan, estoy a plena disposición del Ministerio Público. Iré a contar solo lo que sé, lo que encontré. Entiendo que por una sobrecarga de trabajo y por cuestión de tiempo no fui convocado antes, pero lo importante es que me llamaron y no tengo nada que ocultar. La investigación avanza. Recibí la notificación del fiscal Estigarribia y ahí estaré a disposición”, afirmó Ávalos.

Por su parte, Vaesken, indicó que “como servidor público estamos a exposición de los organismos de control, en este caso, la Fiscalía que está tratando de aclarar la situación penosa que pasamos en la Gobernación de Central”, sostuvo.

Agregó además que, “lastimosamente ya no se podrá recuperar los recursos” y que “máximo se podría lograr la condena del exgobernador de Central, Hugo Javier González (ANR cartista), privándolo de su libertad, más nada. Ya no se podrá recuperar el recurso y las vidas que se perdieron a causa de la corrupción galopante que se dio en la Gobernación de Central, que aparentemente se está comprobando”, aseguró.

Vaesken y Ávalos, fueron los únicos concejales -de 21-, que denunciaron públicamente las presuntas irregularidades en la ejecución de US$ 1 millón del fondo de emergencia.

Ambos detectaron varias facturas supuestamente apócrifas en la rendición de cuentas hecha por la ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), de Tadeo Álvarez (imputado en la causa y con arresto domiciliario), que recibió G. 5.105 millones del recurso mencionado.

Posteriormente, desde la bancada liberal de la Junta Departamental y con el apoyo de algunos pares, promovieron en dos ocasiones la intervención de la Gobernación de Central, sin embargo, concejales liberales llanistas, colorados cartistas y de Añetete, blindaron al entonces gobernador, el colorado cartista Hugo Javier González Alegre, que finalmente fue apartado del cargo, en mayo de este año, cuando la Junta Departamental nombró oficialmente gobernador al edil Gustavo Machuca (ANR Fuerza Republicana).

Pues, desde el 12 de abril, González Alegre, cumple con la medida cautelar de arresto domiciliario emanada por la jueza María Elena Cañete que atiende la causa.

Esta situación se configuró en un impedimento legal para seguir gobernando, por lo tanto, fue reemplazado según la ley orgánica de gobiernos departamentales.

Peritos confirman irregularidades

Por su parte, el fiscal Rodrigo Estigarribia manifestó que culminaron las pericias arquitectónicas y documentales que estarían confirmando la hipótesis del Ministerio Público. Agregó que el informe de los peritos es prácticamente similar al informe final de auditoría hecho por la Contraloría General de la República (CGR).

Los hechos investigados son lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, declaración falsa y asociación criminal. Desde noviembre del año pasado fueron imputadas 15 personas, incluyendo al exgobernador Hugo Javier, además de funcionarios de la Gobernación, contratistas y miembros de la ONG CIAP, que recibió G. 5.105 millones de la institución departamental para la realización de obras en espacios públicos.

Entre las irregularidades detectadas por la CGR como resultado de la auditoría, trasciende que CIAP no está habilitada, según su estatuto, para llevar a cabo obras de infraestructura. Sin embargo, desde el 2019, González Alegre transfirió a la fundación millones de guaraníes para este fin.

También se había confirmado la existencia de muchas facturas clonadas a nombre de CIAP y que los comprobantes adulterados fueron usados para reemplazar otras facturas que constan en la primera rendición de cuentas hecha a la Contraloría General de la República (CGR).

Los documentos reemplazados fueron recopilados para una segunda rendición que Hugo Javier presentó a Auditoría General del Poder Ejecutivo. Igualmente, se comprobó que varias facturas anuladas también aparecen en ambas rendiciones.

La CGR también impulsó la fiscalización de obras para complementar la auditoría y el resultado plasmado en cuatro puntos fue tajante. Se confirmó que la Gobernación de Central permitió que la fundación CIAP firme contrato y pague por un asfalto que ya existía.

Estas son solo algunas de las anomalías encontradas.

Se recuperó casi G. 500 millones

Semanas atrás, el Ministerio Público solicitó la suspensión condicional en la causa como salida procesal para tres imputados. La jueza María Elena Cañete, reunido los presupuestos, se allanó al pedido de la Fiscalía y fueron beneficiados los contratistas Óscar Morel Oses, Félix Grau Fernández y Óscar Gaete, quienes reconocieron la participación en el hecho e incluso aseguraron que existió dentro de la Gobernación de Central todo “un esquema para delinquir”.

Además aportaron importantes datos a la investigación, según Estigarribia.

Asimismo, el fiscal confirmó que los procesados aceptaron resarcir el daño patrimonial causado y que independientemente a la responsabilidad penal del exgobernador Hugo Javier, la Fiscalía logró recuperar hasta ahora unos G. 462 millones, que los contratistas devolvieron por las supuestas obras inconclusas.

Prórroga extraordinaria fenece en noviembre

En abril de este año los fiscales intervinientes solicitaron una prórroga extraordinaria de seis meses para cumplir con las diligencias pendientes y presentar el trámite conclusivo. Estigarribia aseguró que la investigación sigue su curso dentro del plazo establecido, atendiendo que vencerá en noviembre próximo.

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