Según la abogada Elvira Montanía, su representado, el señor Justino Cipriano Ramírez Jara vive en las 2,5 hectáreas que reclama regularizar a su nombre porque el sitio era ocupado por sus antepasados, desde 1860, sus bisabuelos, abuelos y padres, porque al parecer en el ente está gestionando la tenencia otra persona, que fungía de gestor ante la institución agraria, pero que vive a un kilómetro del lugar.
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La profesional argumentó que Ramírez Jara había había solicitado la reconstrucción del expediente 5.271/05, que sospechosamente se había sido extraviado en el Indert y que habría un acta de constitución, que según la abogada sería falsa, porque no se obró acorde a las normas establecidas para el efecto que injustamente le estaría otorgando como poseedor a otra persona, que no vive en el lugar sino a un kilómetro del sitio,
Por eso, pidió a la presidenta del Indert, Gail González Yaluff, para que se constituyan técnicos del ente en la zona y preguntar a los vecinos, la historia real del caso, porque sospecha el Indert estaría tomando una mala decisión en base a datos falsos.
También acusó de que el funcionario del Indert, Fredy González Arrua, habría sido quien elaboró el acta de constitución supuestamente falso, y que tiene llamativamente como segundo apellido Arrúa, al igual que quien se estaría beneficiando, Victoriano Arrúa Olmedo; este tiene 72 años, según denunció Montanía.
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La misma aseguró que Cipriano Ramírez Jara es descendiente de José Blas Ramírez y Francisca Benitez, quienes fueron padres de Isidro Ramírez Benitez, padres de su mandante, quienes vivían en el lugar y que luego del fallecimiento de los mismos pasaron a su representado.
Versión del Indert
Consultada al respecto la presidenta del Indert, Abog. Gail González Yaluff, dijo que el caso se trataría supuestamente de un conflicto familiar y que todavía se está analizando el expediente del caso, por lo que ordenó una constitución en el lugar, para corroborar los datos que obran en los documentos.